«La cárcel solo fue hecha para los pobres. Todo lo que le estorba a la sociedad y toda persona rebelde acaba ahí, pero a un rico no lo veréis nunca, a lo mejor un mes o dos, y no en las condiciones en que están nuestros familiares. A mí que no me digan que existe la justicia, porque para la gente pobre no hay.» (Pastora González Vieites)
La atención sanitaria en las prisiones españolas atraviesa una crisis de gran magnitud caracterizada por el incumplimiento de la ley por la propia Administración (La ley de 2003 de Cohesión y Calidad que preveía la transferencia de los servicios sanitarios a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas), por lo que 20 años después, salvo Cataluña, País Vasco y Navarra, dichos servicios siguen dependiendo del Ministerio del Interior en calidad de funcionarios de prisiones y dentro de cada cárcel, subordinados a las autoridades no sanitarias -Director y Jefe de Servicios- convirtiéndose en la práctica en el escudo de los carceleros. Ahora ya no se cubren las plazas ni se relevan las jubilaciones y las plantillas se han reducido hasta quedar en un 30% de la relación de puestos de trabajo. En las cárceles españolas, como veremos más adelante, se practica una suerte de submedicina centrada en las contenciones químicas y supervisando las mecánicas que llevan a cabo los carceleros. Las medidas-parche que se toman, como la contratación privada al estilo de subcontratas laborales o la telemedicina, profundizan aún más la desatención. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Trataremos de ordenar los aspectos principales de esta evolución, empezando por la ideología punitiva que la preside.
El sistema punitivo del Estado español –entendido como la suma de fuerzas de seguridad, judicatura e instituciones penitenciarias– no carece de ideología y se puede comprobar que está inspirada en un nacionalismo ultra católico, que hunde profundas raíces en la Santa Inquisición fundada durante el reinado de los Reyes Católicos, y que perduró varios siglos hasta su abolición en 1838, aunque sus características de prejuicio y estigmatización se conservaron en el tiempo a través de filósofos como Donoso Cortés en el siglo XIX, y en nuestra época por parte del germano español Karl Smichtt, jurista nazi condenado en Nuremberg pero acogido en nuestro país y nacionalizado por Fraga como ciudadano ejemplar, que propició el concepto más tarde conocido como Derecho Penal del Enemigo. No es en sí mismo un corpus legislativo, sino la suspensión de ciertas leyes justificada por la necesidad de proteger a la sociedad de determinados peligros: «cualquier persona que no respete las leyes y el orden legal establecido o quiera destruirlo debe perder todos los derechos como ciudadano y como ser humano. El Estado debe perseguir a esa persona con todos los medios disponibles… quien pretenda subvertir las normas de la sociedad debe ser designado no-persona y tratado como enemigo.»
