El pasado miércoles 13 de marzo nos llegaba la noticia que un preso de Mas d’Enric había asesinado -supuestamente- a la cocinera del mismo centro penitenciario, una trabajadora del exterior contratada por el CIRE, una empresa publica de la Generalitat que hace de paraguas de multitud de empresas privadas, caracterizada por la explotación laboral y la opacidad. Parece que después el hombre se suicidó.
Es un hecho grave y duro, y la persona a quien le han quitado la vida no era una carcelera, sino una mujer que trabajaba como cocinera en la prisión. No queremos quitar importancia a esta muerte, ni minimizar la gravedad de los hechos. Pero no podemos evitar sentir rabia e indignación en ver como, una vez más, se coge un hecho puntual para dar voz a carceleros/as y sus sindicatos, que se frotan las manos viendo la oportunidad de pedir aumentos de sueldo, mas personal, mas armas y vuelven a poner sobre la mesa ser consideradxs como agentes de la autoridad. Esta mafia carcelaria ha estado cortando las entradas a distintas prisiones catalanas, se ha manifestado con pancartas y ha hecho barricadas, entre otras cosas. Los medios de desinformación les dan voz y tienen un discurso en pro de sus demandas y quejas. Se llenan noticias del trágico suceso de Mas d’Enric, de como de insegurxs están lxs carcelerxs y de como de lícitas son sus protestas.
Nos gustaría recordar que solo en el año 2022, murieron en prisiones catalanas por lo menos 39 presos y presas. Empujadxs al suicidio, por sobredosis, por desatención médica, por maltratos de lxs mismxs carcelerxs, por autolesiones… Sea como sea, todas estas muertes son bajo responsabilidad de Instituciones Penitenciarias. Y las personas que trabajan en prisiones también tienen una responsabilidad, de forma directa o de forma indirecta. Les muertes de personas presas dentro de los centros penitenciarios de Catalunya han aumentado un 34% respecto al año anterior. Cada nueve días muere una persona presa. En los últimos 13 años ha habido 579 muertes bajo custodia en las cárceles; el 22% del total fueron clasificadas por el Departamento de Justicia como causa desconocida.
No vemos que carcelerxs y otrxs trabajadorxs de las prisiones levanten la voz en relación a estas muertes, ni que los medios se hagan eco de eso, ni que se pidan mas medidas para intentar evitarlas (mejorar la atención medica, aplicar mas terceros grados y libertad condicional, excarcelación de las personas enfermas, suspensiones de condena por enfermedad mental, derivación a recursos socio sanitarios fuera del sistema penitenciario, eliminación de las contenciones mecánicas…) La poca preocupación por las personas presas por parte de la administración publica es evidente. Estas muertes no importan a casi nadie. No llenan titulares, ni conversaciones de bar, ni debates políticos, ni se piden dimisiones.
Nos gustaría lanzar la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si la persona asesinada hubiera sido otra persona presa?
