Vacuna S.O.S cárceles

El incremento de las muertes en prisión por motivos no naturales y relacionadas con el coronavirus se da en medio del hermetismo y ocultamiento sistemático de las mismas.

La suspensión de las comunicaciones con familiares y amistades; la consideración como grupo de riesgo a vacunar prioritariamente al funcionariado penitenciario y no tanto a las personas presas; la situación en muchos reclusorios, y departamentos carcelarios, de masificación, hacinamiento, humedad, suciedad, celdas pequeñas compartidas y, en general, las condiciones de vida infrahumanas que facilitan la transmisión del coronavirus…, son el pan nuestro de cada día en las cárceles vascas y españolas. Además, se dan con mayor intensidad en determinados penales y departamentos, como enfermerías, aislamiento o módulos de mujeres.

Todas estas cuestiones son la expresión del abandono y ensañamiento con el que la administración vasca y española tratan a las personas presas. El servicio de salud vasco, y del resto de autonomías, podrían haber llevado la iniciativa ya, como en el caso de Cantabria. Hubiera sido fácil haber posibilitado vacunarse a la población encarcelada para evitar la transmisión y facilitar su inmunización.

Pero no lo están haciendo con la urgencia y emergencia necesaria. De hecho, para quienes ya han muerto es demasiado tarde.

Es mejor limitarse a suspender derechos y hacer la privación de libertad más cruel. Imagínense que en las residencias para ancianos hubieran vacunado al personal sociosanitario y no a las personas mayores, limitándose a mantenerlas encerradas sin visitas.

Hubiera sido un escándalo que derrumbaría al gobierno .Seguramente otro gallo hubiera cantado, y hoy la población encarcelada hubiera accedido a la vacuna, si la epidemia se hubiera llevado por delante la vida de algún personaje preso de la calaña de Rato o Urdangarin, a los que, por cierto, se concede con sorprendente facilidad –en comparación con el resto– beneficios penitenciarios tales como permisos de salida, régimen abierto y libertad condicional.

Cesar Manzanos Bilbao , febrero 2021

Fuente: Salhaketa Araba

88 personas presas solicitan en la cárcel de Villena medidas reales frente al coronavirus en lugar de privaciones y aislamiento

Ochenta y ocho personas presas en el módulo II de la cárcel de Villena (Alicante) se dirigido al juez de vigilancia penitancieria oficialmente a cargo de esa cárcel, aunque dudamos que ejerza realmente su función legal de “tutela judicial efectiva” de los derechos de la gente presa, y al Defensor de Nadie, a quien llamamos así, igual que hacen siempre lxs presxs en lucha, porque tampoco creemos que defienda los derechos de ninguna persona como tiene encomendado por unas leyes tan hipócritas como la orgánica penitenciaria, que, aunque lo que regula y justifica en realidad es la muerte en vida, lo hace hablando constantemente de esos derechos y garantías cuya violación rutinaria tanto contribuye a disfrazar y mantener impune. Ochenta y ocho personas, pues, han entregado sendos escritos firmados por todas ellas, donde constan con ligeras variaciones las peticiones que hace unos días presentaran una serie de organizaciones de defensa de los derechos humanos, grupos anticarcelarios y de apoyo a presxs, asociaciones de familiares, etc. a las que se han ido sumando algunas otras, hasta 56 ahora mismo.

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Huelga histórica en las cárceles argentinas

Diez mil seres humanos privados de su libertad iniciaron una huelga de hambre masiva el 5 de diciembre de 2019 en reclamo frente a las condiciones de encierro. Desplegaron sus banderas en los pabellones, expresando las consignas y pedidos de una huelga histórica que se extendió de tal modo que alrededor de 35 unidades (mayormente del Servicio Penitenciario Bonaerense) se unieron parcial o totalmente al reclamo, además de algunas comisarías. También otros penales del país se sumaron a la lucha, como Bariloche, Roca, Viedma, Chaco y Mendoza. Inicialmente, el desgaste ejercido por la agresión penitenciaria hizo lo suyo, logrando que algunos penales levantaran la medida al poco tiempo. La convocatoria a una mesa de diálogo, después de poco más de dos semanas, paralizó la medida, logrando contenerla en los penales más reacios, bajo una promesa de reunión.

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