El feminismo como movimiento político y propuesta de transformación está atravesado de debates, conflictos y nudos problemáticos. Uno de estos encarnecidos debates en las últimas décadas se centra en los límites del Derecho Penal para abordar las violencias específicas que sufren las mujeres por el hecho de serlo. ¿El aumento de penas de prisión y el mayor número de encarcelamientos está resultado efectivo para frenar la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son los riesgos del aumento del castigo penal para la propia causa feminista?
Qué es el punitivismo
La creencia de que el castigo por sí solo puede remediar graves problemas sociales tiene un hondo calado en las actuales sociedades. La violencia y la represión son fundadoras del orden social y de la seguridad ciudadana, que descansa en un brazo represor. Es la concepción del “el hombre es un lobo para el hombre” y el Poder se encarga de ponerle límites. A esta creencia cuasi mística de que la mano dura construye sociedades seguras autores como Jorge Ollero la han llamado “penalismo mágico” , y señalan la falta de evidencias científicas que existe entre el aumento del castigo penal y la disminución de los delitos.
El punitivismo es una tradicional arma electoral en los debates políticos. El populismo punitivo consiste en centrar el debate de manera sensacionalista sobre concretos problemas de seguridad ciudadana y hacer promesas electorales de resolución de estos a través del aumento de penas. Piénsese en el terrorismo, en la ocupación de viviendas o en las violencias sexuales.
El concepto de seguridad ciudadana que utiliza el populismo punitivo es muy estrecho y está ligado a la seguridad pública, la que se ve en las calles, olvidando que la seguridad tiene una dimensión material que tiene que ver con el acceso a la renta, a la vivienda o a la sanidad, entre otras cuestiones. Inseguridad ciudadana también es no llegar a fin de mes.
