La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recoge mediante escrito y remite con fecha 25 de junio de 2020 las indicaciones que la Dirección de cada centro penitenciario ha de tener en cuenta con el objetivo de alcanzar la “nueva normalidad”. Ante este escrito, nos preguntamos hasta qué punto se puede confiar en la puesta en práctica de las medidas expuestas. Las que conocemos la realidad del interior de las cárceles sabemos que estas medidas, tan aparentes sobre el papel, son inasumibles en la práctica. Para afrontar las nuevas circunstancias de manera que los derechos de las personas presas no se vean una vez más perjudicados, sería necesaria la adaptación de infraestructuras, dinámicas y recursos a las necesidades actuales. Y no lo que propone en el escrito la Secretaría General, que es exactamente el proceso contrario: valorar el cumplimiento o no de las medidas en relación a las posibilidades (escasas) que ofrece de por sí la cárcel.
Cuestionamos que exista una preocupación real por las personas presas pues el sistema sanitario en las cárceles es muy deficiente. Esto es algo que se viene denunciando mucho antes de la situación actual relacionada con la COVID-19. Nos preguntamos cómo se va a “examinar a todas las personas que ingresen en las cárceles” cuando la escasez de personal sanitario hace que habitualmente, las personas presas, encuentren problemas para ser atendidas cuando lo necesitan.