La última sentencia que condena a los cuatro miembros de La Manada por atacar sexualmente a una joven en Pozoblanco vuelve a dejar una sensación de desasosiego. Deja sabor a que es insuficiente. Sin embargo, las penas impuestas por los abusos sexuales, de un año y seis meses de prisión, están dentro de la horquilla para este tipo delictivo (artículo 181.1 del Código Penal) que establece penas de uno a tres años; y la condena se amplía al considerárseles también autores de un delito contra la intimidad (artículo 197.1) por la grabación y difusión del vídeo en varios grupos de WhatsApp. Por estos hechos la pena que se les impone es de un año y cuatro meses para tres de los miembros y de tres años para el que grabó y difundió las imágenes. En total, dos años y diez meses para los tres primero y cuatro años y seis meses para el cuarto.
Tras la sentencia, la pregunta que me formulo es si esa sensación de impotencia y de inseguridad que deja esta condena desaparecería si, en vez de ser uno año y seis meses la condena por abuso sexual, hubiera sido de tres años (la máxima prevista) o de cinco años de haberse calificado como agresión sexual e imponiendo también la pena mayor. A mi juicio, lamentablemente, creo que no. Hay algo en el propio sistema de justicia penal que hace que, aún en los casos de condenas más contundentes y proporcionadas a la gravedad de los hechos, siga amparando la impunidad con la que miles y miles de hombres ejercen las violencias contra las mujeres, las violencias sexuales, las físicas, las psicológicas.
Es esto lo que nos lleva a hablar de justicia patriarcal; a señalarla como un modelo de justicia que no comprende que los hechos que se juzgan representan un problema social de raíces estructurales. Que los delitos contra las mujeres no son un tema individual o particular. Que las sentencias que se dictan, más allá de la imposición de una pena proporcionada a los hechos, debe reparar a las víctimas en toda su amplitud y dando cabida a todas sus formas. Las sentencias han de tener presente el derecho de la reparación a las víctimas.