El pasado martes 23 de febrero se suscitaron amotinamientos en Turi, en Latacunga y Guayaquil, con un saldo de, al menos, 79 fallecidos: 33 en la cárcel de Turi, 34 en la cárcel regional de Guayaquil y ocho en la cárcel de Latacunga. Estas tres cárceles aglutinan el 70 por ciento de la población carcelaria del país.
En general, las personas privadas de libertad (PPL) hacen uso del amotinamiento como acción política organizada y forma de mostrar el descontento por las condiciones infrahumanas e indignas a las que se encuentran sometidxs. Sin embargo, los asesinatos que se desarrollaron ese día «dicen que» parecen corresponder a una pugna interna de poder por el control interno de las cárceles. En la tarde de ese día, se denunciaba que, en la cárcel de Turi, la totalidad de la población carcelaria se dirigió a un pabellón de aproximadamente 50 personas, cargando armas y motosierras. A vista y paciencia de la Policía Nacional, el 23 de febrero, se dio una verdadera masacre en las cárceles del Ecuador.
Lenín Moreno (actual presidente de Ecuador) adjudica los hechos a “bandas criminales”, en un claro intento de volver a lavarse las manos respecto a la falta de institucionalidad y gobernabilidad, resultante de la gestión neoliberal de todo lo común. Para el gobierno nacional, las vidas de las PPL son vidas que no importan. La máquina de muerte llamada neoliberalismo se materializa en hechos como los del martes. En un sistema penitenciario que conscientemente elimina recursos, en un Estado neoliberal que precisa deshacerse de lxs pobres mediante el uso indiscriminado de la violencia, estos hechos no causan sorpresa.
En el Ecuador, el sistema carcelario cuenta con la capacidad e infraestructura para albergar a 28.000 personas. Sin embargo, para 2019, existía una sobrepoblación en las cárceles del país que resulta en un total de 40.000 personas privadas de la libertad. Ahora, los números son superiores. La emergencia carcelaria continúa.
La masacre que se suscitó en las tres cárceles del país es un producto y resultado directo de la política punitivista materializada por el Estado neoliberal y el gobierno de Moreno. Entre la misma destacan recortes presupuestarios, falta de atención en el marco de la emergencia sanitaria, una supuesta rehabilitación que termina por ser ilusoria y prácticamente imposible bajo las actuales circunstancias, además de una reclusión y olvido que decantan como estructurales bajo el marco del Estado burgués. La desinstitucionalización estructural materializada por el neoliberalismo, decanta en que tanto la función judicial como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores -SNAI- se encuentran en un estado de completa y total descomposición.
En agosto de 2020, el General Patricio Pazmiño, actual ministro de Gobierno, declaraba que “existe una disputa por el control de las cárceles entre los choneros y los lagartos”. En declaraciones del 23 de febrero, Patricio Carrillo, comandante general de la policía, denunciaba la falta de readaptación social de las PPL a causa de la “salud mental del sistema” penitenciario. Estos hechos evidencian, una vez más, que las vidas de las PPL son tan insignificantes y desechables para el neoliberalismo y el Estado, que existe una permisividad respecto al apoderamiento de la gestión interna de las cárceles por parte de organizaciones criminales con agendas y negocios particulares.
La respuesta de gran cantidad de la sociedad, aupando esta tragedia, también da cuenta de la descomposición estructural a la que somete la colonización del mercado a la vida y las conciencias de la gente. Aun cuando el gobierno nacional hace el intento de deslindarse de toda responsabilidad, estas vidas, al menos 79, son vidas que se lleva el Estado neoliberal de Moreno y compañía.
Fuente: Revista Crisis