Los presos de la cárcel de Santa Rita, en la localidad californiana de Dublin, llevan nueve días en huelga de hambre y tajo.
Protestan por lo generalizado de abusos y negligencias institucionales: condiciones de vida insalubres, precios disparados, atención médica deficiente, trabajo forzado, falta de acceso a recursos legales. La protesta auto-organizada comenzó con una sentada en un modulo en el que el 26 de octubre murió una persona por desatención médica, pero los organizadores han llamado a una acción en toda la cárcel desde el 30 de octubre, en respuesta a las condiciones de miseria y a los toques de queda indefinidos.
Las condiciones en Santa Rita están en un «punto crítico», según un comunicado de los organizadores de la huelga. «Los presos reciben material de limpieza una vez por semana, con lo que piojos, chinches e infecciones como el MRSA están a la orden del día. De manera rutinaria, el equipo de guardianes desatiende las emergencias médicas y de salud mental. Presos que se autolesionan son abandonados sin atender sus heridas; personas que sufren de síndrome de abstinencia no son trasladadas a la enfermería, y tienen que sufrir sus síntomas dolorosos y peligrosos en sus dormitorios. La convivencia con adictos que no pueden controlar su vomito ni su defecación, sin cuidado médico y en celdas insalubres, es peligrosa para ellos y para quienes les rodean.
La abogada Yolanda Huang confirma que Santa Rita es una de las peores cárceles de la Bahía: «Está totalmente manga por hombro y la suciedad se acumula a pesar de que recibe 430 millones de dólares al año». Nueve personas han muerto bajo custodia en 2019. Dado que las muertes de internos hospitalizados no se contabilizan junto a las que ocurren bajo custodia, el número real de muertes debidas a la cárcel puede ser mucho mayor. Hay muchas causas abiertas contra la cárcel y su personal por negligencias mortales, abuso sobre mujeres embarazadas, asaltos organizados de los guardianes, y otras formas sistemáticas de abuso y negligencia.
El incendio de Kinkade, en el condado de Somoma, ha exacerbado la falta de personal y los toques de quedas. Desde el 23 de octubre, cuando comenzó el incendio, muchos empleados de la prisión han sido destinados allí, con la consecuencia de que muchos presos han quedado recluidos en sus celdas, sin acceso a visitas programadas, teléfono o atención médica.
A las condiciones inhumanas tras los muros hay que añadir las amenazas que los guardias han dirigido a participantes en las protestas. Un organizador ha sido trasladado a una cárcel lejana, y otros han sido amenazados con el añadido de treinta días más de condena. Sus defensores reclaman al público que contacte con las autoridades para pedir que no se penalice a quienes se comprometen en una propuesta pacífica.
Los presos reclaman:
– Mejoras en la alimentación y que sea más nutritiva, que no esté caducada ni servida de manera no saludable.
– Que termine la escalada de precios en la cantina, las llamadas de teléfono y las vídeoconferencias: los alimentos multiplican el precio de mercado (una sopa de sobre que cuesta 0,13 céntimos se vende a 1,13 dólares), las llamadas (por teléfonos escasos e intervenidos) cuestan 0,23 céntimos el minuto, con un límite de 15 minutos.
– Renovación más frecuente del vestuario y acceso a la lavandería.
– Acceso a abogados y textos jurídicos -no se cumple el requisito de disponer de una biblioteca legal.
– Ejercicio diario y momentos de esparcimiento.
Como afirma el manifiesto de la huelga: «Santa Rita necesita evolucionar , en métodos y sistemas, desde la justicia punitiva y desmoralizadora. con tratamiento inhumano de adictos a las drogas, hacia métodos y sistemas de justicia reparadora. El actual sistema no aumenta la seguridad de las comunidades, sino que las hace menos seguras. Necesitamos sacar adelante a las personas, hacerlas más productivas, restaurar su salud y su vitalidad».
A fecha de 1 de noviembre el seguimiento de la huelga se estimaba en 300 presos, con las cocinas paradas: estas cocinas abastecen a la propia prisión y a otras con 16.000 raciones al día, en base a trabajo no pagado.
Esta huelga ha coincidido en el tiempo con las movilizaciones en las cárceles de Carolina del Sur (#SunLightIsAHumanRight ) contra condiciones inhumanas que se han cobrado once suicidios en el último año. El abolicionista Kay Whitlock ha subrayado que «Las personas presas y sus allegados están en el epicentro de la inacabable catástrofe moral de la criminalización masiva y del control carcelario, y de la lucha contra él. Mi respeto por los que defienden los derechos humanos colectivos en semejantes condiciones es ilimitado. Hasta que llegue la abolición de las cárceles, debemos luchar por paliar las condiciones inhumanas».
Por su parte, la destacada abolicionista Mariame Kaba llama a yustaponer las peticiones del movimiento actual con las que se produjeron antes del gran levantamiento de la cárcel de Attica en 1971: «Las cárceles son inherentemente inhumanas. Siempre lo han sido. Desde que existen cárceles en los Estados Unidos de América, los recluidos en ellas se han organizado y movilizado para mejorar sus condiciones. ¿En qué cabeza cabe que presos como los de Carolina del Sur tengan que recurrir a la ONU para la protección de sus derechos básicos? Y es que la mayoría de las cárceles del país ni siquiera cumplen las normas Mandela de Naciones Unidas para que un encarcelamiento cumpla un mínimo de humanidad».
La historiadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor ha hecho un llamamiento a la solidaridad con los presos: «Tenemos el deber de toda la solidaridad del mundo con los presos y su esfuerzo por arrojar luz sobre las malas condiciones en prisión. Hemos de apoyar sus valientes esfuerzos por romper la cadena de abusos y torturas en Carolina de Sur y más allá».
Fuente: A las Barricadas