Hoy, jueves 21 de noviembre de 2019, nos encontramos delante de los Colegios Oficiales de Médicos de Lleida, Tarragona, Barcelona, Manresa, Granada, Valencia, Madrid, Murcia, Santander y Palencia, para dar voz y mostrar nuestra solidaridad con aquellas personas que están encarceladas, las presas.
Queremos denunciar la situación precaria que sufren día a día: desatendidas sanitariamente, hipermedicalizadas de forma negligente, en unas condiciones de higiene y de salubridad deficitarias…
También denunciamos que se esté incumpliendo el Artículo 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario y el Articulo 91 del Código Penal, que contemplaría la excarceración de las personas gravemente enfermas con padecimientos incurables. La mayoría de veces, solo se concede la libertad por enfermedad grave a personas que se encuentran a punto de morir. Al parecer para que no aumente aún más la cifra de muertos dentro de las cárceles.
21 de noviembre de 2019
A los colegios oficiales de médicos
Desde hace 3 años, aguanta en las cárceles del Estado español un colectivo de presxs en lucha, sustentando una tabla reivindicativa que señala en sus 14 puntos una serie de vulneraciones de derechos y situaciones de trato cruel, inhumano y degradante que se dan allí dentro. Cuatro de esas demandas se refieren a la situación de la sanidad carcelaria y una quinta a las personas muertas en prisión. Estos días, unxs veinte de ellxs están realizando una huelga de hambre rotativa iniciada en septiembre, haciendo hincapié en la desatención sanitaria en las cárceles y, muy especialmente, en el incumplimiento de la legislación que regula la excarcelación de personas presas gravemente enfermas, que se aplica muy restrictivamente a pesar de que el sistema médico-sanitario en las cárceles no puede garantizar ni mucho menos el cumplimiento de la constitución, de la ley orgánica y del reglamento penitenciarios en el sentido de garantizar “a todos los internos sin excepción (…), una atención médica equivalente a la dispensada al conjunto de la población”. Quizá eso podría solucionarse si se cumpliera lo prescrito al respecto por la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del año 2003, transfiriendo las competencias de sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Así se evitaría también la complicidad que prestan muchos médicos carceleros a las torturas y malos tratos, al incumplir su obligación legal de enviar al juzgado de guardia, cuando atienden a un preso golpeado, los correspondientes partes de lesiones.
En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un “modelo sanitario mixto”, en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. De manera que la “relación penitencaria de sujección especial” ha continúado interfiriendo en la relación terapeútica, viéndose los servicios médico sometidos a criterios “regimentales” y a la cadena de mando carcelera, en lugar de basarse en criterios médicos. De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”, pero el abandono por parte de las diferentes administraciones, la descoordinación entre ellas, los recortes presupuestarios y la resistencia de la administración penitenciaria a hacerse cargo de los gastos que le corresponden han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmaceúticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe. No es extraño que nadie haya querido cubrir el 37% de las plazas de médico penitenciario que aún están vacantes.
En el año 2018 murieron 210 personas en las cárceles españolas, unas cuatro muertes cada semana. La mayor parte por enfermedades graves, es decir, que deberían haber sido excarceladas para ser cuidadas y tratadas adecuadamente en la calle, lo que quizá hubiera prolongado su vida o dignificado su despedida de ella, pero murieron en la cárcel, probablemente sin tratamiento ni cuidados. La segunda causa de muerte, sobredosis de drogas, casi siempre legales —barbitúricos, neurolépticos, ansiolíticos, metadona—, proporcionadas por la sanidad carcelaria sin diagnóstico ni control terapeútico adecuados. La tercera causa, suicidio; la crueldad, la inhumanidad, la degradación, el abandono, la miseria… matan. Como las torturas y malos tratos, el destructivo régimen de castigo, el desarraigo o el encarcelamiento de enfermos mentales —unos 3600 con trastornos graves y muchos más con patologías relacionadas con las toxicomanías—, que en muchos casos van a parar, como tratamiento, a los departamentos de aislamiento donde se les somete a violencias especiales.
No quisiéramos que le vuelva a ocurrir a nadie lo que a Luis Manuel Acedo Sáenz, fallecido en agosto de 2016, después de meses quejándose de fuertes dolores, sin otra respuesta del equipo médico de la cárcel de Picassent que unos analgésicos y antiinflamatorios, para ser finalmente diagnosticado de cáncer de páncreas y metástasis en el hígado, demasiado tarde, cuando ya nada se podía hacer por él. O a Manuel Fernández Jiménez muerto en la cárcel de Albocàsser, en octubre de 2017, a causa de una supuesta sobredosis de metadona, administrada por error, y de negligencia médica en la administración del antagonista, y entregado a su familia con evidentes huellas de violencia que aún no han tenido explicación. O a tantos y tantos otros.
Cosas que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo en las prisiones valencianas, lo mismo que en las del resto del Estado español, bajo una Administración que actúa en nombre de todos los ciudadanos y avalada por nuestro consentimiento. Como podéis comprobar, seguramente con mayor facilidad que nosotros, puesto que estas cosas suceden casi siempre ante las narices de colegas vuestros, cuando no con su participación. Y, ya que las instituciones encargadas legalmente de garantizar los derechos de los presos no parecen capaces de hacerlo, o quizá sus titulares no están suficientemente interesados, pensamos que debemos exigírselo y, como estamos dispuestos a afrontar nuestra propia responsabilidad, nos consideramos con derecho a exigiros también a vosotros que os hagáis cargo de la que, como ciudadanos y además como médicos, os corresponde, empezando por aquellos de vuestros colegas implicados más o menos directamente en lo que os hemos contado.
Fuente: Tokata