La idea del infierno nace con las primeras civilizaciones como aquel lugar para el castigo ubicado en el inframundo. Un lugar que, aunque hay ido cambiando por la influencia de diferentes culturas y religiones, siempre ha sido representado como un espacio de tormento y sufrimiento eternos. En la actualidad, comparar algo con el infierno es evocar algo doloroso, penoso, angustiante, y torturante. Si pensamos en el mundo carcelario, el averno, serían las situaciones de aislamiento penitenciario.
“El infierno es un lugar muy pequeño”, de hecho, es un libro1 que recopila los testimonios de hombres y mujeres que están o estuvieron presos en régimen de aislamiento en las prisiones de Estados Unidos (el país que más personas encarceladas tiene en el mundo). Los textos que se recogen describen los efectos devastadores que el confinamiento solitario provoca en sus mentes y cuerpos. Sin embargo, también describe la solidaridad expresada entre individualidades que viven unas al lado de las otras durante años sin encontrarse nunca cara a cara. En esta situación límite siempre están presentes los espectros de la locura, el suicidio, y la lucha por mantener la esperanza y la humanidad frente a la soledad forzada y la privación paralizantes. Los relatos recogidos se complementan con las voces de otras personas que desde su profesión pueden constatar los devastadores efectos en la salud física, mental y emocional.
Pero no tenemos que irnos muy lejos para encontrar otros testimonios igualmente aterradores en nuestros países. Las narraciones de las experiencias vividas en las secciones de aislamiento en las prisiones por todo el mundo son un potente grito de angustia de hombres y mujeres enterrados en el fondo del pozo. Aislar física y socialmente a las personas (apartarlas de la compañía de otras), reducir cualquier tipo de estimulación sensorial y ambiental (encerradas en lúgubres cubículos con apenas actividades) y arrancarlas el control sobre casi todos los aspectos de la vida cotidiana (no tener autonomía y estar estrechamente vigiladas) son lo que caracteriza este encierro dentro del encierro. Algunas de las experiencias que esta forma de maltrato y tortura generan dicen que:
Es volverse invisible. Mualimm-ak escribe que las personas en aislamiento “se vuelven desesperadas por tener contacto con otro ser humano […] Al perder ese contacto, se pierde el sentido de identidad. Uno se convierte en nada. Eso es lo que quiero decir cuando digo que me volví invisible incluso para mí mismo”.
Es como estar muerto en vida. Jacques Merine lo definía como lo más parecido a estar en una lápida a la que, de tanto en tanto abrían la tapa para comprobar si aún continuabas respirando.
Es volverse loca. Miguelina así lo vivió: “Estás todo el tiempo sola. Sentía angustia, llanto. Me estaba trastornando, como viendo cosas que no había, ya hablaba sola. Estaba como enloqueciendo, porque ya creo que pensaba tonterías, hablaba sola, y nunca había nadie”.
Es animalizarse. Santi relata como en esa situación era inevitable animalizarse, al mismo tiempo que imprescindible para sobrevivir. “Te obligan a renunciar a la humanidad y acabas convirtiendo el odio en pura pulsión”.
Es desear morirte o acabar suicidándote. Javiera así lo contaba: “No tienes donde mirar, todo igual, solo la pared y el muro. Entonces empiezas a pensar, a pensar, a pensar y eso te va deprimiendo. Es algo para lo que una tiene que prepararse psicológicamente. Porque hay personas que le afectan, que no son tan fuertes como otras y les afecta, o sea, salen medio mal o, incluso, … no salen”.
La lacra de los suicidios en las prisiones es otra realidad silenciada. Estar en aislamiento, además, es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de llevarlo a cabo.
Visibilizar estas situaciones es una forma de romper los muros y asomarnos al abismo que supone imaginar el encierro desde el encierro. En tiempos donde estamos cuestionándonos nuestra propia humanidad ante el genocidio en directo del pueblo palestino me arrogo la pregunta: ¿Cómo afecta a nuestra humanidad deshumanizar a otras personas hasta tal punto que les permitimos vivir en condiciones degradantes incluso para cualquier animal, y hacerlo en nombre de nuestra propia seguridad y bienestar?
En los últimos años he estado presentando a lo largo de la geografía de la península ibérica el Informe de la Campaña para la abolición del aislamiento penitenciario. Una de las preguntas que más se repetía durante las presentaciones era si había algún país que hubiera acabado o limitado la práctica de aislar a las personas presas como castigo o por seguridad. Habría que aclarar de entrada que el aislamiento forma parte del origen de las prisiones actuales por lo que acabar con su uso significaría de alguna forma socavar uno de los pilares en los que se sustenta por lo que su abolición iría unida al de la institución que lo mantiene.
Dentro de las distintas maneras en que se aplica el aislamiento penitenciario, una de las prácticas más criticadas por las organizadores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, es el confinamiento solitario o aislamiento prolongado. Está reprobación se basa en los graves efectos científicamente comprobados en la salud mental, los daños psicológicos irreversibles, un deterioro cognitivo profundo, entre otros daños sociales y físicos, como el riesgo de suicidio. Su uso constituye un trato cruel, inhumano o degradante que constituye tortura en muchas de sus aplicaciones. Tal es el daño que produce que los estándares de derechos humanos lo han definido y limitado. Así, las Reglas Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos consideran que el aislamiento prolongado, que es aquel que se extienda durante un período superior a 15 días consecutivos, debería estar prohibido. De igual manera prohíbe las sanciones de aislamiento para personas con discapacidad física o mental, mujeres embarazadas o con bebés y en niños y niñas.
Para intentar revertir esta situación el Estado de Nueva York aprobó en el 2021 la Ley de Alternativas Humanitarias al Aislamiento Prolongado- Ley HALT, (Humane Alternatives to Long-Term Solitary Confinement Act) tras años de presión popular. Su objetivo es limitar el uso del confinamiento solitario en prisiones y cárceles de ese estado, definir alternativas más humanas o terapéuticas cuando se requieren medidas disciplinarias, y proteger a las personas vulnerables. Define “confinamiento segregado” como cualquier forma de estancia en celda por más de 17 horas al día. Limita el aislamiento prolongado a 15 días consecutivos como máximo. Prohíbe el aislamiento para grupos vulnerables: personas jóvenes (menores de 21 años), personas mayores (mayores de 55 años), embarazadas o en periodo postparto, personas con discapacidades físicas o mentales, personas con enfermedades mentales serias. Obliga a que tras los periodos de aislamiento prolongado se usen unidades rehabilitadoras residenciales (“Residential Rehabilitation Units”, RRUs), que proporcionen terapias, programación educativa o rehabilitadora, actividades fuera de la celda, contacto humano, etc. Estipula revisiones periódicas, supervisión, exigibilidad de justificaciones escritas para mantener a alguien en aislamiento, y transparencia/reporte público sobre cómo se está usando el aislamiento.
La Ley HALT representa un paso significativo porque reconoce los daños del aislamiento prolongado, ofrece un marco legal para reducir su uso, proteger a los grupos más vulnerables, y promover alternativas más humanas. En lugar de usar el aislamiento como medida punitiva principal, fomenta unidades con enfoque terapéutico, programas de rehabilitación, educación, actividades fuera de la celda, lo que puede favorecer la readaptación social, reducir reincidencia, y mejorar las condiciones de vida. Además, instituye mejoras en los procesos disciplinarios: audiencias, justificaciones escritas, supervisión institucional, reportes públicos, etc. Todo esto contribuye a que haya un mayor escrutinio y responsabilidad pública de cómo se aplica el aislamiento.
Este intento de reforma ha ido acompañado de reacciones del “poder carcelario” de los sindicatos de prisiones (como lo define José Navarro Pardo) que alegando la manida seguridad han realizado huelgas ilegales que han provocado ya la muerte de varias personas presas y han abocado a la suspensión de su aplicación. Estas movilizaciones ignoran que ambientes menos centrados en el castigo extremo y más en la rehabilitación pueden reducir tensiones, incidentes violentos derivados del aislamiento prolongado, y mejorar el clima institucional.
En otros países como Canadá, distintos fallos judiciales provocaron la sustitución de la llamada eufemísticamente “segregación administrativa” que se aplicaba por una sistema de Unidades de intervención estructurada (SIU, Structured Intervention Units en inglés) que constan de más supervisión y requisitos mínimos (más horas fuera de celda y protocolos de atención). Las supervisiones de este modelo han destacado que no se cumplen con los requisitos legales y que además, hay una sobrerrepresentación de personas con problemas de salud mental y de pueblos originarios.
En los Países Bajos el sistema penitenciario ha experimentado reformas creativas conocidas como soft isolation que suponen condiciones de aislamiento menos privativas acompañadas de proyectos de reinserción. Todo ello bajo un enfoque individualizado que implica consultar con médicos antes de ordenar aislamiento. Allí no hay una ley única que prohíba el aislamiento, pero sí prácticas y proyectos piloto orientados a reducir el daño reconocido que genera este régimen.
Para ser efectivas estas reformas “reformistas” deberían ir acompañadas de definiciones claras en la norma, prohibiciones explícitas, límites temporales concretos y alternativas reales. A lo que habría de acompañar evaluaciones periódicas de los impactos que tienen las medidas en la salud mental y en la seguridad, junto con planes de formación y supervisión externa, no solo por vía judicial sino también institucional y de la sociedad civil.
¿Dónde poner la energía: en reformar, en reformar para acabar o en acabar con el aislamiento penitenciario? Tú decides.
Notas a partir de Quienes no han tenido el «derecho» a la(s) palabra(s) la(s) toman YA, 1976‐1979
Este artículo aborda el caso de Quienes no han tenido el «derecho» a la(s) palabra(s), la(s) toman YA, un boletín anticarcelario editado en solidaridad con la COPEL que publica seis números entre 1975 y 19781. A partir de su trayectoria, propone una reflexión sobre las redes de solidaridad y comunicación establecidas entre el adentro y afuera de las prisiones tras la dictadura franquista, que logran difundir las reivindicaciones de los presos organizados e incidir en la esfera pública dominante.
COPEL son las siglas de la Coordinadora de Presos en Lucha, que entre 1976 y 1979 desplegó una intensa insurrección en las cárceles españolas. Fundada en diciembre de 1976 en la cárcel de Carabanchel como respuesta a un indulto real (Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, de indulto) y una amnistía (Real Decreto‐ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía) considerados insuficientes, conformó una red de apoyo mutuo sin precedentes entre los presos de delito común en España. Su programa reivindicativo fue amplio: pedían la amnistía total para todos los reclusos, y no solo para los políticos; libertades políticas y sindicales en las cárceles; la reforma de las leyes penales vigentes; la supresión de la Ley de Peligrosidad Social (1970), heredera franquista de la antigua Ley de Vagos y Maleantes (1933); o la supresión del reglamento de prisiones, que legitimaba los abusos por parte de los funcionarios. En sus vertientes más radicales, y a través de una denuncia de las causas estructurales de la marginación social, la COPEL defendió la abolición definitiva de la institución penitenciaria.
Aparecido en Barcelona, se trata de un periódico desplegable que recurre a las tintas que sobraban al final del día en una imprenta offset simpatizante. Llegó a tener una tirada de 10.000 ejemplares, distribuidos de forma gratuita e informal en fábricas, asociaciones de vecinos, algún ateneo libertario e incluso en las propias cárceles (Entrevista con Miquel Vallés; Entrevista con Iñaki García). Era editado desde el exterior de la prisión por un grupo de expresos y simpatizantes identificado como «Colectivo Margen» (Galván; Colectivo Etcétera), compuesto por trabajadores vinculados a la lucha autónoma y asamblearia. La publicación se encargó de difundir los comunicados, programas y acciones de la COPEL, al tiempo que diseccionaba el tratamiento mediático que entonces recibían los presos comunes, retratados como «delincuentes». Mediante la deconstrucción de los mensajes de la prensa comercial, el boletín impulsó el debate sobre los «presos sociales», poniendo así en jaque la distinción ideológica entre preso político y preso común e identificando las causas estructurales de la delincuencia.
Portada de Quienes n. 1, noviembre 1976. Fundación Anselmo Lorenzo de Estudios Libertarios – CNT
1. Tomar la palabra
A partir de su primer número, aparecido en noviembre de 1976, en la portada de Quienes aparece un mensaje‐manifiesto:
Editamos este boletín un grupo de compañeros que, constatando la pobreza de nuestras vidas en la cárcel y/o en la sociedad, creemos que ambas son INTOLERABLES. Quisiéramos que este espacio que abrimos sirviera para que tomaran la palabra todos los que hasta hoy nunca han tenido «derecho» a ella.
Detalle de la portada de Quienes n. 2, enero 1977. Fundación Anselmo Lorenzo de Estudios Libertarios – CNT
Se trata de una declaración que amplía el título del propio boletín, y que apela a la acción directa comunicativa, al desvelamiento de la experiencia «real» de los marginados, desposeídos de la palabra, entre los que se encuentran los presos. Esta palabra es entendida de forma antagónica y combativa: Quienes se propone ser un catalizador de «verdades», penetrando en el entramado ideológico apuntalado por los mass media, criminalizador de la desigualdad, para ofrecer una mirada alternativa sobre los marginados por la sociedad a través de su propia experiencia. Esto nos remite directamente al trabajo desarrollado por el Group d’Information sur les Prisons, fundado en 1971 por Michel Foucault, Jean Marie Domenach y Pierre Vidal‐Naquet en Francia, que se propone denunciar las pésimas condiciones de vida en su interior, la mera existencia de estas instituciones, a partir de la recopilación de testimonios directos de los propios presos (Foucault et al.; Galván).
En Quienes se practica así una toma de la palabra anónima y colectiva, que sitúa en el centro la experiencia y reivindicaciones de los reclusos, y que posiciona a los editores, desde el exterior, como meros canales de transmisión. En ese sentido, la publicación convierte estos testimonios en una herramienta política, que legitima una crítica frontal a la sociedad carcelaria.
2. La COPEL como red de solidaridad
Más que una organización al uso, la COPEL era, de hecho, una red solidaria. La función de estos boletines autoeditados en la articulación de estas redes es absolutamente central, pues hicieron posible la propagación de los motines en las cárceles y su difusión en la esfera pública tras la dictadura. En ellos se denuncian las torturas a las que eran sometidos los presos, se difunden los programas reivindicativos de la COPEL y se alienta a la revuelta en el interior de las prisiones.
La COPEL buscó tender puentes con el exterior de las prisiones desde el principio. Tal y como señala en el comunicado que acompañó a su fundación, redactado en la cárcel de Carabanchel en enero de 1977, la coordinadora nace a rebufo de una iniciativa anterior, surgida en el exterior, que fue la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos (AFAPE), creada en septiembre de 1976. Esta organización, integrada principalmente por familiares y abogados de presos, había logrado suspender los castigos de aquellos que permanecían en celdas de aislamiento por participar en el primer motín de agosto de 1976, a través de la elaboración de informes públicos sobre las condiciones de vida en la prisión y la adopción de distintas acciones legales (Lorenzo Rubio, 143‐5), lo que la convertirá en uno de los apoyos fundamentales de la COPEL desde el exterior.
En distintos lugares (contraportada del número 0, de noviembre de 1976; portada del número 3, marzo‐abril de 1977), Quienes reproduce el final de este primer comunicado, donde los presos en lucha lanzaban un mensaje a la sociedad:
¿Podremos contar con algún medio de difusión por vuestra parte? ¿Podremos contar con alguna forma de multicopiar comunicados, escritos, etc.? ¿Podremos contar con algún abogado para que nos atienda con frecuencia regular, previo pago de sus honorarios? En suma: ¿PODEMOS CONTAR CON VOSOTROS?
Con la reproducción de este mensaje, la publicación se presenta a sí misma como uno de estos altavoces. Cuando la COPEL comience a expandirse, a partir de marzo de 1977, será cuando el boletín adopte la tarea más sistemática de difundir sus comunicados y acciones, mediante el intercambio de información con sus integrantes en el interior, pero especialmente a través de los abogados que entrevistaban a los presos. Este último era el canal más efectivo, dado que el reglamento penitenciario amparaba la privacidad de estos encuentros.
“Dos nuevas revistas”, en Quienes n. 4, junio‐julio 1977. Fundación Anselmo Lorenzo de Estudios Libertarios – CNT
Además, los editores de Quienes se entrevistaban también con presos que habían finalizado su condena y salían de la cárcel con información actualizada. Dos de los editores del boletín vivían en La Mina, uno de los barrios obreros más pobres de Barcelona, en el que muchos jóvenes acababan abocados a la delincuencia y, posteriormente, a la prisión: de este modo, conocían de primera mano a algunos de los reclusos, lo que les permitió entrevistar, por ejemplo, a varios de los vecinos que integraban el círculo social de Rafael Sánchez Milla «El Habichuela», cuyo asesinato el 20 de octubre de 1975 a manos de los funcionarios alentó uno de los motines más feroces en La Modelo.
Al mismo tiempo, Quienes nunca quiso ser un diario al uso, marcado por una periodicidad e inmediatez estrictas, sino más bien una herramienta de difusión y pedagogía que diera a conocer las luchas al interior de las prisiones y extendiera la sensibilidad anticarcelaria. Si bien había cierta urgencia por comunicar la actualidad de las revueltas, se trataba de recoger la información suficiente para poder ofrecer un panorama amplio y contrastado sobre esta realidad.
Los editores, que vivían en Barcelona y alrededores, trataban de reunirse semanalmente para poner en común las noticias que lograban recopilar. En cuanto a la distribución del boletín, el colectivo volvía a hacer uso de estas redes de afinidad. Siempre era distribuido de forma gratuita, financiándose con el dinero de los editores y alguna recaudación solidaria. La propia factura del periódico respondía precisamente a esta precariedad material, mediante las mencionadas tintas sobrantes y el plegado de una sola hoja de 64 x 44 centímetros que ocupaba con contenidos en ambas caras.
Este se distribuía en fábricas y asociaciones de vecinos, pero también entre amigos y conocidos. Además, se enviaban ejemplares a distintos puntos de la península —Madrid, Sevilla, Bilbao— mediante mensajeros o transportistas, en un intento cauteloso por prescindir del correo postal. Asimismo, sus editores siempre trataban de hacer llegar algún número a las cárceles a través, una vez más, de los abogados, pues el boletín se recibía siempre con gran entusiasmo en el interior y, gracias a su labor de síntesis y recopilación, contribuía a la organización de los presos.
La colaboración con otrosgrupos solidarizados con la COPEL fue fundamental para la elaboración y distribución del boletín. Los editores se relacionaban con Comités de Apoyo localizados en distintas partes del Estado, como revela el propio testimonio de José María Botana en el documental COPEL: una historia de rebeldía y dignidad (2017). Estos vínculos permitieron alumbrar aportaciones fundamentales, como son las cronologías de motines desde julio de 1976 a febrero de 1978 a nivel estatal. Las comunicaciones se hacían por correo o por teléfono, pero también a través de gente que iba y venía: en el grupo editor, de hecho, participaba un compañero que vivía en el barrio madrileño de Carabanchel, y que facilitaba información de primera mano sobre las revueltas que acontecían en la cárcel. Estos intercambios también se daban al nivel de los textos, comunicados y el material gráfico que manejaban las distintas publicaciones anticarcelarias, como son las ilustraciones, también carentes de autoría.
Quienes se hacía eco de estas otras publicaciones, promocionándolas en sus propias páginas. Si bien el boletín presentaba las posturas más combativas al respecto de la institución carcelaria, articulando discursos abolicionistas, publicaciones como Solidaridad con los presos o Mano Solidaria, ambas aparecidas en abril de 1977, aparecen anunciadas en sus páginas, permitiéndonos apreciar el alcance de estas redes.
Sus contenidos permean asimismo en publicaciones de distribución comercial, que ceden su espacio a la actualidad carcelaria, como es el caso de la revista anarquista BICICLETA. Tras incluir desde sus inicios noticias procedentes de las cárceles, inaugura una sección específica llamada «Sin Barrotes» a partir de su quinto número (abril 1978) donde aloja los comunicados de denuncia sobre el trato recibido en las prisiones. Esto se inscribe en la amplia recepción que, sin duda, la COPEL tuvo dentro del mundo libertario, donde eclosionaron multitud de boletines y revistas en apoyo a los presos, como Libertarios y represión democrática o Presos a la calle, publicadas en 1978. Finalmente, es en estos lugares de radicalidad anarquista donde se consolida una mirada transversal hacia la lucha anticarcelaria, que casaría con uno de los objetivos de la COPEL: inscribirse en la lucha de los movimientos populares por la libertad en un sentido amplio y radical.
3. Una contraesfera pública
El colectivo editor de Quienes esgrime una visión crítica hacia los medios de comunicación, a los que consideran un instrumento «que el sistema utiliza para el manejo del fenómeno delictivo» (Colectivo Margen, 21). En sus «coordenadas burguesas», los mass media son seña‐lados como los canales por los que las élites transmiten su ideología a las clases dominadas. Es así como la prensa de sucesos refuerza la marginación de ciertos sectores sociales, al tiempo que legitima la hegemonía de las clases dominantes, apuntalada por el discurso del «orden público». Y enumeran algunas de las estrategias que los medios generalistas utilizarían para este cometido, como serían la presentación moralizadora y simplista de los hechos, polarizada en ciudadanos «buenos» frente a «malos»; el empleo de una visión parcial y simplista de lo ocurrido, fortaleciendo este maniqueísmo discursivo; y, por supuesto, el borrado de las causas estructurales de la delincuencia.
Quienes ofrecía un espacio contrainformativo que […] desvelaba los trampantojos mediáticos, para proponer puntos de fuga impugnadores
Se trataba de poner en evidencia el sesgo de clase subyacente a los medios, abordando sucesos más o menos mediáticos, como el caso de José Luis Cervetó, conocido como «El asesino de Pedralbes», que había matado a sus empleadores, un matrimonio rico residente en el ostentoso barrio barcelonés de Pedralbes. Cervetó ocupó la porta‐da del número 0 (noviembre de 1976), incluyendo la noticia de un diario en el que se presenta la sentencia —dos penas de muerte por dos delitos de robo por homicidio, que después serán conmuta‐dos por 30 años de cárcel tras la abolición de la pena capital en España (1978)—, la declaración de Cervetó ante el tribunal, y un análisis, carente de firma, sobre el caso. Allí se señala que Luis Cervetó «fue marginado de la sociedad al año y medio de haber nacido, y desde entonces su situación fue la misma», lo que convierte su caso en un punto de partida para profundizar en el fenómeno de la marginación social, ofreciendo distintas explicaciones: el móvil del robo, al que le fuerza la sociedad capitalista; el de la locura, que es codificada por el poder; o el de la ética, que lo excluye del sistema de valores burgués (Anónimo, s.n.).
Quienes ofrecía un espacio contrainformativo que, en primer lugar, desvelaba los trampantojos mediáticos, para proponer puntos de fuga impugnadores, que ponían en jaque la moral dominante, el sistema jurídico y la propia noción hegemónica de «libertad». Es así como la estructura del boletín suele abarcar los siguientes ejes: (1) la presentación de un suceso de actualidad; (2) un examen crítico y/o contrastado del acontecimiento y su tratamiento mediático; (3) la crítica de la justicia, abordando aspectos concretos del Código Civil o la Ley de Peligrosidad Social; (3) la crítica a la cárcel y, en un sentido amplio, la sociedad carcelaria, a través de artículos de opinión redactados por expresos y simpatizantes de la COPEL; por último, (4) el relato de las luchas que acontecían dentro de la prisión, que a partir del número 3 (abril de 1977), al calor del fortalecimiento de la COPEL, irá ganando más espacio en sus páginas.
4. Sobrevidas
La COPEL se extingue hacia 1979, y con ella la miríada de papeles que la habían acompañado. Su final se articuló, fundamentalmente, a través de la reforma penitenciaria diseñada entre 1978 y 1979 por Carlos García Valdés, entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, que logró frenar la movilización de los presos a través de la implantación de las progresiones de grado y los permisos de salida, una mayor laxitud a la hora de lograr la libertad condicional, el establecimiento del régimen celular y la presencia continuada de la policía en el interior de la prisión (Lorenzo, 296‐305). Estrategias, todas ellas, que dificultaban la comunicación, la colaboración y, por tanto, la coordinación entre presos2.
Una vez se afianza el proceso transicional y se reacomodan los nuevos límites del tablero político, los editores de Quienes comienzan a vislumbrar el final de su proyecto. No se trató de agotamiento o desencanto, sino del cierre de un capítulo, el de la solidaridad con la COPEL, que se vio relevada por otros proyectos, como son los cuadernillos Etcétera. Correspondencia de la guerra social (1978‐2019), nacidos de los debates colectivos del grupo, en un intento por «profundizar en el conocimiento de nuestra realidad social» (Colectivo Etcétera, 5). Nunca abandonaron la cuestión carcelaria, pero comenzaron a abordar cuestiones más amplias que permitían analizar la reestructuración económica, política y social del Estado español tras la dictadura.
Junto a Quienes se extinguieron gran número de publicaciones anticarcelarias, así como los rastros de la lucha de los presos en los medios. Todavía a principios de los 80 encontramos alguna publicación que recoge el testigo de Quienes —si bien no gozan de su tirada ni distribución—, como es el caso de Talego (1981) o Secuestrados. La voss de la carssel (1982), ambas conservadas en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, donde todavía aparecen menciones a la COPEL, y que vuelven a enlazar con la práctica testimonial a través de comunicados enviados desde la prisión, denunciando la tortura, el pésimo estado de la comida o los altos precios del economato. De algún modo, la experiencia de Quienes ensayó y consolidó estas prácticas comunicativas de solidaridad, convirtiéndolas en un punto de referencia.
Por último, quiero evocar algunas de las experiencias que continúan esta forma de hacer, en un intento por subrayar las tortuosas condiciones de vida que siguen marcando el encierro penitenciario hoy. Son proyectos que retoman la centralidad del testimonio de las personas reclusas, a modo de estrategia de contestación y solidaridad. Es el caso del fanzine Desde dentro. La voz de lxs presxs, editado en Castellón por el colectivo anticarcelario «Fuera del Orden» desde 2017, donde volvemos a encontrar comunicados enviados por presos que han sido víctimas de abusos, han iniciado huelgas de hambre o se han infligido autolesiones en señal de protesta. En este caso, volvemos a toparnos con la experiencia de reclusión compartida por parte de algunos miembros del colectivo editor, y además se denuncian los distintos tipos de centros penitenciarios existentes en la actualidad, como son los centros de menores y los CIES. Asimismo, el grupo también expone en su presentación su lucha contra la manipulación informativa a la hora de mostrar la realidad de las cárceles (Fuera del Orden. Colectivo anticarcelario).
Otros proyectos, como el Tokata. Boletín de difusión, debate y lucha social, inciden especialmente en la necesidad de lograr la colaboración con el exterior de las prisiones: mediante un llamado a la colaboración, el boletín busca poder llegar al interior de las prisiones, ejerciendo de cauce para las palabras de los presos. Ambos medios han colaborado difundiendo las reivindicaciones de los presos organizados en la actualidad, como es el caso de una huelga de hambre rotativa, sostenida en distintas cárceles desde hace prácticamente una década, que ha logrado despuntar en algunos medios de comunicación establecidos (Almela y Larios). En denuncia por los malos tratos, los presos que participan en es‐ ta huelga solicitan, entre otras cosas, la erradicación de las torturas, la abolición del régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, que implican una estrecha vigilancia y aislamiento para aquellos presos considerados «conflictivos»), la criminalización de la protesta y la solidaridad y la indefensión jurídica.
La toma de la palabra del preso […] nos devuelve una realidad sepultada que se desvela, ampliando las grietas del espacio público y mediático
En todas estas prácticas se imprime el testimonio carcelario como herramienta de articulación de la lucha, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles. Finalmente, la toma de la palabra del preso, junto a sus compañeros, nos devuelve una realidad sepultada que se desvela, ampliando las grietas del espacio público y mediático.
El aislamiento impuesto por los muros, la vigilancia y el control penitenciarios es legitimado por una mirada enjuiciadora, que justifica este castigo, y que se niega a considerar las causas estructurales de la delincuencia. Y es ahí donde el testimonio carcelario se convierte en índice de protesta y solidaridad, vértice de las reivindicaciones de aquellos que, en su ausencia, logran hacerse escuchar.
Anónimo. «Cervetó, dos penas de muerte». Quienes no han tenido el “derecho” a la(s) palabra(s), la(s) toma(n) ya, n.o 1, noviembre de 1976, p. 1.
Ateneo Libertario de Getafe. «Con admiración hacia la COPEL». Abejorro, n.o 1, 1978.
Colectivo Etcétera. «Introducción». Quienes no han tenido jamás el «derecho» a la palabra, la toman ya, Etcétera, 2015, pp. 1‐3.
Colectivo Margen. Sobre la delincuencia. Roselló Impressions, 1977.
Entrevista con Iñaki García. Entrevistado por Inés Molina Agudo, grabación, 9 de febrero de 2022.
Entrevista con Miquel Vallés. Entrevistado por Inés Molina Agudo, Grabación, 21 de febrero de 2022.
Foucault, Michel, et al. «Création d’un group d’information sur les prisons». Esprit, n.o 3, marzo de 1971, pp. 531‐32.
Fuera del Orden. Colectivo anticarcelario. Desde dentro. La voz de lxs presxs.
Galván, Valentín. «Michel Foucault y las cárceles durante la transición política española». Daímon. Revista Internacional de Filosofía, n.o 48, 2009, pp. 21‐37.
Lorenzo Rubio, César. Cárceles en llamas. Virus, Barcelona, 2013.
Molina Agudo, Inés. «“Quienes no han tenido jamás el ‘derecho’ a la(s) palabra(s), la(s) toma(n) ya”. Sobre el testimonio de los presos en lucha a través de un boletín autoeditado en Barcelona, 1976‐1978». Kamchatka. Revista de análisis cultural, n.o 21, 2023, pp. 315‐42, https://turia.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/24314
Rekalde, Anjel. Herrera. Prisión de guerra. Txalaparta, Iruña, 1990.
Una versión extendida de este estudio puede encontrarse en Molina Agudo, Inés. «Quienes no han tenido jamás el ‘derecho’ a la(s) palabra(s), la(s) toma(n) ya. Sobre el testimonio de los presos en lucha a través de un boletín autoeditado en Barcelona, 1976‐1978». Kamchatka. Revista de análisis cultural, n. 21, 2023, pp. 315‐ 42, https://doi.org/10.7203/KAM.21.24314. ↩︎
En este sentido, recomendamos la lectura de las memorias de Anjel Rekalde (1991), preso político destinado en 1982 a la recién inaugurada prisión de Herrera de La Mancha, símbolo de la Reforma Penitenciaria (1979). Allí, Rekalde da cuenta de las continuidades y transformaciones que impone la «nueva cárcel» desde su propia experiencia, así como de la capacidad limitada de los presos para organizarse en el interior. ↩︎
Las cárceles no son reformables, pero sí son sustituibles por otras formas de prevenir las violencias, de acompañarnos en los daños sufridos y de abordar los conflictos sociales e interpersonales que no nos expropien de nuestra capacidad de autogobierno.
Estamos completamente habituadas a desayunar con la noticia de un crimen, la imagen del presunto culpable, el señalamiento del delito y la petición de más o menos años de cárcel por su comisión. Nos hemos acostumbrado a que el código penal se haga cargo de los conflictos sociales, a que estos se individualicen como asuntos interpersonales —violencias entre culpables y víctimas—, a que la única forma de abordarlos sea el castigo declinado mayoritariamente en penas privativas de libertad. Hemos naturalizado, en suma, la idea de justicia como venganza y la existencia de las prisiones.
Cada vez más alejadas de los centros de las ciudades, la realidad de las cárceles se mantiene invisibilizada. Cabría hablar de una banalización del encierro. Para tratar de salir de esta trampa queremos poner el foco, en primer lugar, en las poblaciones que hoy habitan las prisiones del estado español y en su función social, para apuntar, después, formas antipunitivas de abordar las violencias sociales.
¿A quiénes encierran las prisiones?
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a diciembre de 2023 había 56.698 reclusos en este país. ¿Y quiénes son las personas encerradas en las cárceles del Estado español? Mayoritariamente, hombres, extranjeros y pobres.
El 93 % de los reos son, efectivamente, hombres. Para entender esta desproporción de género cabe tener en cuenta, de entrada, que la asignación de las mujeres al ámbito reproductivo ha desplegado históricamente dispositivos específicos —culturales, psicológicos, religiosos, médicos…— para su control social. Además, las consecuencias del encierro no se circunscriben a quienes viven tras los barrotes. Así, entre las personas allegadas y familiares de los presos, las mujeres cargan de manera específica con el coste económico, social y afectivo de la prisión. Pero además, la socióloga Elisabet Almeda nos recuerda que España es uno de los países con más mujeres privadas de libertad de toda Europa: si la media europea se sitúa entre un 3 y un 4 % de mujeres respecto de la proporción al total de la población reclusa, la española prácticamente la dobla (el 7,1 % de presos son mujeres a diciembre de 2023).
En cualquier caso, para reflexionar sobre esta aplastante mayoría masculina habría que fijarse en la siguiente cifra: de las más de 56.000 personas encerradas en prisión a diciembre de 2023, el 16 % lo estaba por delitos relacionados con violencias sexuales. La dimensión de la cifra debería plantear un desafío a cualquier propuesta política emancipadora: el feminismo carcelario está ganando terreno y parece urgente reforzar un abolicionismo feminista que deje de asociar esta palabra prioritariamente a la guerra contra las trabajadoras sexuales para convertirse en sinónimo de lucha contra las prisiones, como sucede por ejemplo en EE.UU.
Las estadísticas de las prisiones nos indican también que el algo más del 31 % de la población reclusa en el 2023 eran personas extranjeras, según el Consejo General del Poder Judicial. Su número casi triplica el porcentaje de extranjeros en relación a la población total (12,7 %, según datos del INE de 2023), aunque el tanto por ciento de nacidos fuera de España asciende al 17 %. En estos mismos datos, se recoge que 4.000 personas de etnia gitana viven encerradas en las prisiones españolas, catalanas y vascas. Sin embargo, en España, según el Informe Foessa, viven en torno a 725.000 personas gitanas. Esto es, un escaso 1,52 % de la población es de esta etnia cuando entre la población reclusa su proporción asciende al 7 %. Por último, de acuerdo a un informe del defensor del pueblo, “cuatro de cada diez mujeres en prisión son de etnia gitana”, un tanto por ciento extremadamente elevado.
Para entender esta desproporcionada presencia de extranjeros y de población gitana entre las personas encarceladas, el dato crucial es que más del 43 % de los reos lo son por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico —contra la propiedad privada— y contra la salud pública —elaboración o comercialización ilegal de drogas estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en su mayor parte—. En efecto, como explica Mark Neocleous en Maderos, Chusma y orden social, la construcción del delito está estrechamente vinculada a la historia del capitalismo. Desde las «leyes terroristas» —término marxista— que entre los siglos XVI y XVIII criminalizaron toda posibilidad de sobrevivir al margen del régimen salarial, hasta la contrarrevolución neoliberal que aspiraba, en palabras de Margaret Thatcher, a «cambiar el corazón y el alma» de las personas para subordinarlos, diríamos nosotros, a la salvaguarda de la propiedad privada. Y ya en plena crisis del propio neoliberalismo, en el año 2015 en el Estado español, asistimos a una reforma penal profunda que aumentó el castigo tanto de la pobreza como de la protesta. Esta fue la reforma que introdujo la prisión permanente revisable y otorgó una autonomía insólita al poder policial —mediante la popularmente conocida como ley mordaza— o identificó como actos terroristas conductas delictivas menores o incluso lícitas —como la posesión de determinados textos o la lectura de determinadas páginas web—, lo que Günther Jakobs llamó derecho penal del enemigo.
¿De qué nos sirven las prisiones?
Si los crímenes son, como acabamos de ver, una construcción histórica ligada a las necesidades de un sistema económico concreto —el capitalismo— ¿cuál es la función social específica de las prisiones dentro de una idea de justicia esencialmente punitiva? En su obra Geografía de la abolición, Ruth Wilson Gilmore explica cómo el discurso de ley y orden de finales de la década de 1960 se conjuga y declina, a partir de 1980, en un sistema industrial carcelario. La idea básica es que frente a la crisis de beneficio capitalista, el sistema económico se habría decantado definitivamente por el capital en detrimento del trabajo. ¿Resultado? Esto es el neoliberalismo, amigos: un Estado que abandona las antiguas funciones redistributivas del pacto fordista para reorientar sus instituciones de inversión pública hacia una gestión más represiva de las rampantes poblaciones excluidas.
¿Y cómo se traduciría esto en el estado español? Salvando las distancias –según estimaciones de Gilmore, el 50 % de la mano de obra en Estados Unidos estaría hoy sujeta a algún tipo de condena penal, algo lejos del caso español–, podríamos decir que el régimen del 78 desplazó en términos policiales la centralidad del orden público —eje de las políticas represivas durante la dictadura franquista— en favor de la seguridad ciudadana. Ello a partir de la nueva ley de policía del PSOE de 1986. La transición debía recorrer el largo camino desde un régimen político que castigaba y encerraba toda postura discordante con el orden ideológico impuesto, a uno destinado a velar por la denominada “seguridad ciudadana”. Este concepto encierra, en buena medida, las profundas limitaciones que desde un punto de vista democratizador —lo que debería ser la distribución real de los recursos materiales y de la capacidad de decisión entre la población— caracterizan la transición española. ¿A qué nos referimos con “seguridad”? ¿Estamos hablando de la protección de contar con el acceso cotidiano a los bienes que hacen nuestras vidas posibles: casa, comida, salud, educación, libertad de movimiento, ingresos decentes? ¿A quiénes incluye hoy el concepto de “ciudadanía”?
El régimen del 78 llegó para seguir confrontando la inseguridad que inevitablemente generan la defensa de la propiedad privada y la economía capitalista. Una economía que, frustrada por la imposible recuperación de las tasas de beneficio de su edad de oro, comenzaba a renunciar —en los países llamados centrales— a la producción de bienes, para centrarse, fundamentalmente, en la creación exclusiva de dinero. Resultado: un capitalismo financiero con cada vez menos posibilidades de distribución igualitaria y cada vez más necesidades de exclusión. ¿Y cómo administrar sociedades en las que la porción de población excedente no deja de crecer? En la provincia española, al igual que en el resto del mundo, se destinan cada vez más recursos —simbólicos y económicos— al fortalecimiento del sistema penal: más código penal, más policía y más cárceles, en vez de más democracia, poder popular y condiciones materiales y simbólicas para una reproducción social posible y democrática.
Un paradigma de justicia, más allá del castigo y más acá de la justicia social
Si la composición social de las prisiones es un reflejo tanto de la desigualdad social que resulta del sistema económico, como de tendencias punitivas que están presentes incluso en movimientos, que, en un principio, se entienden como defensores de derechos, como el propio feminismo, el camino a seguir desde posiciones políticas de emancipación social debería ser cuanto menos, su decrecimiento y, como horizonte, su desaparición.
En este sentido, en el estado español hay mucho por hacer. Es cierto que la tasa de ocupación de las prisiones españolas se sitúa entre las más bajas de Europa. No obstante, este es el único dato positivo del que puede presumir el gobierno español, pues todas las demás estadísticas dibujan un sobredimensionamiento de la respuesta carcelaria. Así, según del informe SPACE de 2023, en España hoy hay 119 presos por cada 100 mil habitantes, eso es, una cifra tres puntos superior a la media europea. Y su población reclusa pasa además más tiempo en prisión, en concreto 22,7 meses de media, frente a los 12,4 de la media europea. En los centros de la Administración General del Estado, la horquilla más frecuente de condenas es de entre cinco y diez años, sin embargo, en Europa va de los doce meses a los tres años, según datos del Ministerio de Interior. Por último, en España solo el 17 % de los internos cumple su condena en semilibertad, mientras que en muchos países europeos el régimen abierto se aplica a más de la mitad de los reclusos.
La impugnación que suele hacerse a los planteamientos antipunitivos y abolicionistas de la prisión es la de qué haríamos sin la cárcel para protegernos y curarnos de las violencias inevitablemente generadas por la vida social y las relaciones de poder que esta pone en juego. Además, tras un daño sufrido, las personas solemos necesitar reparación y las sociedades, restauración de los vínculos dañados. Por último, la ausencia de castigo se tiende a identificar con impunidad e indiferencia social frente a un agravio que, cuando es de calado —asesinato de algún allegado, por ejemplo—, acarrea consecuencias económicas, psicológicas y sociales difíciles de encarar.
Las respuestas a tales demandas no son sencillas y pasan por el desafío político, subjetivo, económico y social de transformar nuestro paradigma de justicia. Una apuesta que exige, en primer lugar, reconocer que la justicia entendida como castigo penal, no sirve en la práctica para los fines disuasorios, retributivos y rehabilitadores que justifican su existencia. Las cárceles no están habitadas por seres irreversiblemente malvados, sino en general, por personas especialmente perseguidas y convertidas en criminales reincidentes por unas leyes penales que satisfacen principalmente intereses de clase. Estas personas cargan de forma individual con un castigo inseparable de sus causas sociales.
Si la sociedad como tal no se responsabiliza de manera colectiva de lo ocurrido y convierte, de manera tramposa, los conflictos en delitos, la reincidencia siempre será la única salida. ¿Por qué una persona X roba, viola, asesina? ¿Cómo podría hacerse realmente cargo del daño infligido? ¿Qué responsabilidades habría de asumir la sociedad respecto a una violencia acontecida y por su incapacidad de haberla evitado? ¿Cómo cabría superar el par víctima/culpable –ese binomio individualizante, mistificador y, sobre todo, inútil–, en términos de sanación y prevención? ¿De verdad alguien piensa que la reparación particular y colectiva de un daño se obtiene vía venganza? ¿Es el castigo pensado como aislamiento un dispositivo útil en términos de transformación emancipadora, tanto para el reo como para la sociedad en su conjunto?
Estas no son preguntas nuevas, sino que provienen de una tradición abolicionista de las cárceles que se originó hace mucho, como la criminología crítica abolicionista de las décadas de 1960 y 1970 en el norte de Europa, y que ha bebido y sigue alimentándose copiosamente de los feminismos negros abolicionistas y de los movimientos antirracistas en Estados Unidos –desde CriticalResistance hasta Black Lives Matter–. Una tradición que ha inspirado y producido dispositivos de justicia anticarcelaria tanto a la interna de los propios sistemas judiciales estatales (experiencias de mediación, conferencias y círculos, por ejemplo), como fuera de estos marcos institucionales (experiencias de justicia comunitaria en América Latina, en centros sociales de ciudades europeas y, en general, entre poblaciones para las que el recurso a la policía y a los tribunales no es una opción). Una tradición viva que urge conocer, declinar en prácticas situadas y desarrollar allá donde los conflictos forman parte de las relaciones sociales, es decir, en todas partes, desde los rincones más íntimos de nuestras convivencias domésticas hasta las calles, los espacios educativos, los movimientos sociales y las fronteras internas de nuestros barrios y ciudades.
Las cárceles no son reformables, pero sí son sustituibles por otras formas de prevenir las violencias, de acompañarnos en los daños sufridos y de abordar los conflictos sociales e interpersonales que no nos expropien de nuestra capacidad de autogobierno de los mismos.
Por las sobrevivientes a las múltiples violencias de género sabemos que los abusos tienen muchas formas y se llevan a cabo en contextos muy variados pero que siguen un patrón dinámico en las relaciones donde, quien tiene más poder, usa la autoridad de forma arbitraria para dominar y manipular a través del miedo.
La complejidad de cómo funcionan estas violencias se plasmó allá por los años 80, de forma gráfica en una rueda1, que nos ayuda a comprender las distintas formas de cómo esta actúa. No se trata de hechos aleatorios y aislados, sino que obedecen a un patrón de conducta. Las diferentes formas de los abusos se identifican de alguna manera en los radios de la rueda que se alimentan unos a otros y refuerzan el poder y control de quienes están en el centro. El diseño circular nos ayuda a entender que el tipo de patrón no es lineal, sino que se repite y hace que la rueda gire y gire sin parar.
Monica Cosby es una feminista activista de la organización Madres unidas contra la violencia y el encarcelamiento2 en Estados Unidos, que sobrevivió a 20 años de encierro en diferentes cárceles de ese país. Ella conoció la rueda de cómo funciona este poder y control de la violencia de género por una compañera de celda. Justo un día después, hicieron un allanamiento en su módulo y las guardias destrozaron todas las pertenencias que tenían. Ese hecho les dejó muy afectadas por el despliegue de fuerza y la agresividad. Ella, además, acababa de salir de estar casi 8 años en confinamiento solitario. Estas experiencias traumáticas hicieron un clic en su cabeza al visualizar la rueda del poder y control que había visto a su compañera. Ella se vio identificada desde la experiencia que vivía y sentía en la prisión con las manifestaciones recogidas en la imagen gráfica circular. Se sentía igual. Estar en la cárcel le hacía sentirse como en una relación abusiva y violenta.
Junto a otras sobrevivientes, actualizó la Rueda del poder y control, basada en su propia experiencia carcelaria3. Según sus vivencias, en la prisión se dan las mismas manifestaciones que en la violencia de género: abuso emocional; intimidación y acoso; coerción y amenazas; abuso económico; uso y abuso de los privilegios; minimización, negación o culpabilización; aislamiento y uso interesado de la prole. Para ellas, el encarcelamiento replica la dinámica de poder y control que se da en las relaciones abusivas.
La cárcel les infantiliza, les humilla, les hace sentir mal consigo mismas, les insultan, les hace creer que están locas, lo que supone un abuso emocional. Por otro lado, existe una intimidación y acoso que las hace sentir miedo. En los allanamientos les rompen sus pertenencias, despliegan armas, les hacen revisiones con desnudos, condicionan las salidas y su libertad.
También se dan la coerción y las amenazas. Si no obedecen pueden perder las visitas, las actividades y pueden ser castigadas o amenazadas con el aislamiento. Junto con el abuso económico, el trabajo penitenciario es explotador, los precios de algunos productos en el economato son exorbitantes, controlan en qué puedes gastar el dinero y quién te lo puede dar.
Además, existe un uso de los privilegios, ya que la institución les trata como sus sirvientas, imponen reglas arbitrarias que hay que cumplir y les somete a una vigilancia constante. Por otro lado, la cárcel desplaza la culpa por los abusos diciendo que ellas los causaron, imponen represalias si presentan quejas y les dicen que están en la cárcel por «tu propio bien», lo que supone una minimización, negación y culpabilización.
El aislamiento se ve incrementado por el aislamiento físico, los muros, los barrotes y las cerraduras. Dentro controlan a dónde van, qué hacen, qué leen; limitan su trabajo y sus actividades. Controlan a quién puede visitar, con quién pueden hablar por teléfono, leen su correo.
Por último, también utiliza a los hijxs. La institución hace que se sientan culpables por abandonarles, amenazan con retirar sus visitas o con separarles de forma permanente de las criaturas.
Si tenemos en consideración que un 86% de las mujeres presas son sobrevivientes de violencia doméstica o sexual, el encarcelamiento no hace más que agravar ese trauma. A todo ello hay que sumar que no pueden salir, ni escapar, por lo que muchas se sienten atrapadas en un “infierno”.
El encarcelamiento replica la dinámica de poder y control en las relaciones abusivas y las perpetúa, por tanto, el trabajo feminista para acabar con la violencia de género debería igualmente incluir, dentro de su agenda, acabar con las prisiones.
Los próximos 6 y 7 de febrero, tendrá lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica un juicio contra el Estado de Brasil, por las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que sometió al preso de origen chileno, Mauricio Hernández Norabuena, durante el cumplimiento de su condena en Brasil en un régimen de confinamiento solitario.
Mauricio estuvo en las prisiones brasileñas desde el año 2002 hasta el 2019, fecha en la que fue extraditado a Chile. Durante los 17 años que pasó en las cárceles de Brasil, estuvo en varios regímenes de aislamiento prolongado e indefinidos (conocidos como Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD) y Sistema Penitenciario Federal (SPF) de Máxima Seguridad). Esto significa que pasaba hasta 22 horas encerrado en la celda en una galería con solo un preso más; con un máximo de 2 horas de patio (cuando se producía), siendo obligado a desvestirse al salir y nuevamente al regresar a la celda; se le censuraron los libros (ya que se vetaban aquello que a criterio de la administración penitenciaria tenían contenido violento o político); era llamado por un número, nunca por su nombre; no poseía ningún contacto con el mundo exterior (no tenía acceso a radio, televisión, revistas o periódicos); sin acceso a un espejo, lo que no le permitió verse durante los casi 15 años que estuvo en aislamiento; visitas restringidas; no podía realizar actividades educativas o laborales; las celdas eran pequeñas y sin ventilación; la alimentación, deficiente y el acceso al agua limitado; estuvo sin atención médica además de otras penurias. Todas estas restricciones tuvieron un GRAVE impacto sobre su salud, física y psíquica.
Pero, ¿quién es Mauricio?. También conocido como “Comandante Ramiro”, Mauricio formó parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización armada que luchó contra la dictadura cívico-militar que se impuso en Chile tras derrocar a Allende. El 7 de septiembre de 1986 lideró una de las cuatro unidades del Frente que intervinieron en el atentado contra Augusto Pinochet. En 1993, aunque ya estaba el gobierno de transición democrática, bajo la tutela del general Pinochet como comandante en jefe de las fuerzas armadas, el comandante Ramiro fue detenido y procesado por diferentes actos de resistencia armada, siendo condenado a cadena perpetua por una controvertida ley antiterrorista instituida bajo la dictadura. El 30 de diciembre de 1996, Mauricio escapó de la Prisión de Alta Seguridad (CAS) en un helicóptero junto a otros tres militantes del FPMR. Tras vivir en la clandestinidad, Mauricio estuvo involucrado en diferentes acciones en Brasil, siendo arrestado en este país en 2002 y sentenciado a 30 años de prisión. En 2019, fue extraditado a Chile para seguir cumpliendo la condena chilena y allí fue igualmente sometido a un régimen de aislamiento prolongado en varias prisiones del país. Hoy es el único preso “político” de la época de la dictadura que continúa en las prisiones chilenas.
Sin duda, el juicio que se celebrará ante la Corte Interamericana supondrá varios hitos. En primer lugar va a servir para cuestionar la aplicación del régimen de aislamiento prolongado en Brasil (sobretodo el RDD) por suponer que es un trato cruel, inhumano, degradante o tortura. Por otro lado, la jurisprudencia creada servirá para su aplicación en otros países del continente Americano; y por último, la Corte va a pronunciarse sobre el aislamiento penitenciario estando la víctima todavía con vida.
El sistema de protección Interamericano de Derechos Humanos es tan lento y mediado que han transcurrido 20 años desde que la familia de Mauricio Hernández hizo la primera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005 para que el caso consiga llegar a juicio. Decía Séneca algo así como que nada se parece tanto a una injusticia como una justicia tardía. Aunque injusta y tardía, esperemos que la sentencia pueda cuestionar de alguna forma la tortura que supone el aislamiento penitenciario.
«La cárcel solo fue hecha para los pobres. Todo lo que le estorba a la sociedad y toda persona rebelde acaba ahí, pero a un rico no lo veréis nunca, a lo mejor un mes o dos, y no en las condiciones en que están nuestros familiares. A mí que no me digan que existe la justicia, porque para la gente pobre no hay.» (Pastora González Vieites)
La atención sanitaria en las prisiones españolas atraviesa una crisis de gran magnitud caracterizada por el incumplimiento de la ley por la propia Administración (La ley de 2003 de Cohesión y Calidad que preveía la transferencia de los servicios sanitarios a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas), por lo que 20 años después, salvo Cataluña, País Vasco y Navarra, dichos servicios siguen dependiendo del Ministerio del Interior en calidad de funcionarios de prisiones y dentro de cada cárcel, subordinados a las autoridades no sanitarias -Director y Jefe de Servicios- convirtiéndose en la práctica en el escudo de los carceleros. Ahora ya no se cubren las plazas ni se relevan las jubilaciones y las plantillas se han reducido hasta quedar en un 30% de la relación de puestos de trabajo. En las cárceles españolas, como veremos más adelante, se practica una suerte de submedicina centrada en las contenciones químicas y supervisando las mecánicas que llevan a cabo los carceleros. Las medidas-parche que se toman, como la contratación privada al estilo de subcontratas laborales o la telemedicina, profundizan aún más la desatención. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Trataremos de ordenar los aspectos principales de esta evolución, empezando por la ideología punitiva que la preside.
El sistema punitivo del Estado español –entendido como la suma de fuerzas de seguridad, judicatura e instituciones penitenciarias– no carece de ideología y se puede comprobar que está inspirada en un nacionalismo ultra católico, que hunde profundas raíces en la Santa Inquisición fundada durante el reinado de los Reyes Católicos, y que perduró varios siglos hasta su abolición en 1838, aunque sus características de prejuicio y estigmatización se conservaron en el tiempo a través de filósofos como Donoso Cortés en el siglo XIX, y en nuestra época por parte del germano español Karl Smichtt, jurista nazi condenado en Nuremberg pero acogido en nuestro país y nacionalizado por Fraga como ciudadano ejemplar, que propició el concepto más tarde conocido como Derecho Penal del Enemigo. No es en sí mismo un corpus legislativo, sino la suspensión de ciertas leyes justificada por la necesidad de proteger a la sociedad de determinados peligros: «cualquier persona que no respete las leyes y el orden legal establecido o quiera destruirlo debe perder todos los derechos como ciudadano y como ser humano. El Estado debe perseguir a esa persona con todos los medios disponibles… quien pretenda subvertir las normas de la sociedad debe ser designado no-persona y tratado como enemigo.»
El pasado miércoles 13 de marzo nos llegaba la noticia que un preso de Mas d’Enric había asesinado -supuestamente- a la cocinera del mismo centro penitenciario, una trabajadora del exterior contratada por el CIRE, una empresa publica de la Generalitat que hace de paraguas de multitud de empresas privadas, caracterizada por la explotación laboral y la opacidad. Parece que después el hombre se suicidó.
Es un hecho grave y duro, y la persona a quien le han quitado la vida no era una carcelera, sino una mujer que trabajaba como cocinera en la prisión. No queremos quitar importancia a esta muerte, ni minimizar la gravedad de los hechos. Pero no podemos evitar sentir rabia e indignación en ver como, una vez más, se coge un hecho puntual para dar voz a carceleros/as y sus sindicatos, que se frotan las manos viendo la oportunidad de pedir aumentos de sueldo, mas personal, mas armas y vuelven a poner sobre la mesa ser consideradxs como agentes de la autoridad. Esta mafia carcelaria ha estado cortando las entradas a distintas prisiones catalanas, se ha manifestado con pancartas y ha hecho barricadas, entre otras cosas. Los medios de desinformación les dan voz y tienen un discurso en pro de sus demandas y quejas. Se llenan noticias del trágico suceso de Mas d’Enric, de como de insegurxs están lxs carcelerxs y de como de lícitas son sus protestas.
Nos gustaría recordar que solo en el año 2022, murieron en prisiones catalanas por lo menos 39 presos y presas. Empujadxs al suicidio, por sobredosis, por desatención médica, por maltratos de lxs mismxs carcelerxs, por autolesiones… Sea como sea, todas estas muertes son bajo responsabilidad de Instituciones Penitenciarias. Y las personas que trabajan en prisiones también tienen una responsabilidad, de forma directa o de forma indirecta. Les muertes de personas presas dentro de los centros penitenciarios de Catalunya han aumentado un 34% respecto al año anterior. Cada nueve días muere una persona presa. En los últimos 13 años ha habido 579 muertes bajo custodia en las cárceles; el 22% del total fueron clasificadas por el Departamento de Justicia como causa desconocida.
No vemos que carcelerxs y otrxs trabajadorxs de las prisiones levanten la voz en relación a estas muertes, ni que los medios se hagan eco de eso, ni que se pidan mas medidas para intentar evitarlas (mejorar la atención medica, aplicar mas terceros grados y libertad condicional, excarcelación de las personas enfermas, suspensiones de condena por enfermedad mental, derivación a recursos socio sanitarios fuera del sistema penitenciario, eliminación de las contenciones mecánicas…) La poca preocupación por las personas presas por parte de la administración publica es evidente. Estas muertes no importan a casi nadie. No llenan titulares, ni conversaciones de bar, ni debates políticos, ni se piden dimisiones.
Nos gustaría lanzar la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si la persona asesinada hubiera sido otra persona presa?
Decía Foucault que la soledad [impuesta] es la condición primera de la sumisión total. Por eso no es de extrañar que el aislamiento penitenciario, el confinamiento solitario o como se quieran llamar los regímenes de vida excepcionales en las prisiones de todo el mundo, sean consustanciales a la idea misma de prisión: someter y neutralizar. Lejos o en el papel mojado quedan los derechos de las personas presas o los principios de reinserción, reeducación, rehabilitación que proclaman las constituciones cuando se trata de anular al enemigo interno, el delincuente.
Ya sea utilizado como sanción frente a la indisciplina grave, como medida administrativa de seguridad, protección o por decisión de un juez, las consecuencias del aislamiento en los seres humanos son desastrosas. Así lo reconocía Juan[1] que pasó un año en aislamiento mientras estuvo preventivo: “Es como un infierno, si no estás fuerte te vuelves loco. La gente se suicida, quema el chabolo, se hablan solos… y tú lo escuchas”[2].
La reducción de estímulos a todos los niveles debido a la falta de actividades y contacto humano significativo genera daños en la salud física, mental y social de quienes se aplica. Las investigaciones y estudios hablan que estos van desde el insomnio y la confusión hasta la alucinación y la psicosis[3], riesgo de automutilación y suicidio. Asimismo este régimen se ensaña con aquellas personas que previamente tienen sufrimiento mental, patologías o tóxicodependencias. Como lo confirma Marcos, después de pasar años por un largo confinamiento solitario: “Las personas que moran en estos departamentos, son personas que ya de por si están arrasadas, personas que no tienen ningún control de sí mismas, de sus vidas, personas con una serie de problemáticas, trastornos y patologías mentales que les impiden o incapacitan para vivir en un contexto de cierta normalidad. No digamos ya para resistir o combatir los terribles efectos que produce, el régimen de aislamiento o primer grado, produciéndose una situación de extrema crueldad quedando atrapados y enquistados en ese régimen brutal, que se ceba con ellos y les aplica e inflige con toda contundencia los mismos remedios. Porque la institución es ciega a las personas, y sus circunstancias personales, es una máquina trituradora”.
Además, las condiciones materiales en las que se desarrolla el aislamiento, agravan aún más el sufrimiento. Isabel, presa en primer grado, a su salida testimoniaba como “Los módulos de aislamiento están situados en bajos, las ventanas están enrejadas lo que no permite la luz natural y además a metro y medio de la celda hay un muro, que no te permite ni siquiera ver el cielo. La luz artificial de la celda está en una pared y es una pequeña bombilla dentro de una caja de plástico, esa luz no permite leer ni en la cama ni en la mesa ni siquiera de día”. Condiciones confirmadas por Julián, también sobreviviente del aislamiento: “Duchas atascadas, mucha suciedad, colchones con vómito o rotos… Las ventanas daban para un patio muerto, muy pequeño, tapado con alambre. La única visión del mundo que teníamos era trocitos del cielo azul de la sierra madrileña”.
La opacidad que envuelve a este tipo de régimen de vida carcelaria y las condiciones que suponen puede también dar lugar, como afirma el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), a que se infrinjan malos tratos de forma intencionada[4]. Por todo ello, los Principios Básicos para el Tratamiento de las Prisiones de las Naciones Unidas (1990), establecieron que debían emprenderse y fomentarse esfuerzos dirigidos a la abolición del régimen de aislamiento como castigo, o reducir al máximo su uso.
Para informar sobre la regulación legal sobre el aislamiento penitenciario, exponer las graves consecuencias físicas y psicológicas que genera su aplicación, visibilizar los relatos de personas que lo han sufrido y manifestar que la regulación prevista supone un trato cruel e inhumano, una veintena de organizaciones de derechos humanos en el estado español han lanzado una campaña por la Abolición del Aislamiento Penitenciario [5]. Visibilizar es el primer paso para erradicar.
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[1] Los nombres empleados son ficticios para evitar identificaciones y represalias.
CONTRA LA REPRESIÓN, LA AUTORIDAD, EL HETEROPATRIARCADO Y LAS PRISIONES. POR LA VIDA, EL AMOR, LA LIBERTAD Y LA ANARQUIA.
No queremos ni podemos olvidar a todas aquellas que no pueden estar aquí. Que se encuentran secuestradas por el Estado, apartadas tras los muros, controladas por cámaras de vigilancia, sujetas con contenciones mecánicas, siendo supervivientes de agresiones sexuales, medicadas contra su voluntad, recibiendo maltratos, aisladas de lo que aman.
Porqué la prisión es contraria al feminismo. Porqué no estamos todas, faltan las presas.
