Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado una queja al Defensor del Pueblo ante las medidas de prevención del foco infeccioso dentro de los centros penitenciarios que el Ministerio del interior y la Generalitat catalana están implementando desde el pasado martes, ya que entienden que vulneran los derechos fundamentales de lxs internxs y proponen una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones penitenciarias para que se respeten estos derechos durante el período de emergencia.
Después de más de dos meses de propagación, resulta evidente afirmar que el virus SARS-CoV-2 (más conocido como Covidien-19, o coronavirus) no afecta de la misma manera a todas las personas, especialmente dependiendo de su edad y su estado de salud en el momento del contagio. Pero, a menudo, no tenemos en cuenta otro factor importante, que es el régimen de libertad en el que se encuentran estas. Especialmente grave es la situación que viven las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del Estado español, donde actualmente el 41,66% de las plazas médicas están sin cubrir, y donde el hacinamiento de los internos en los módulos hace que las enfermedades y las infecciones se propagan mucho más rápido. Con una población penitenciaria de 58.369 personas –estos datos de finales 2019 no incluyen los centros penitenciarios catalanes– hoy en las cárceles del Estado español sólo hay en activo 285 médicos y 6 psiquiatras para atender a toda la población reclusa, un personal que según un comunicado publicado por la cooperativa madrileña de abogados Red Jurídica, supone “un ratio totalmente insuficiente” para atender las necesidades de las personas presas en el día a día, y aún más en el estado de emergencia en el que nos encontramos con la expansión exponencial del virus. En esta línea, los recursos presupuestarios destinados por parte del gobierno a la sanidad penitenciaria también han bajado exponencialmente desde 2016, reduciéndose hasta un 17% en los últimos tres años, según datos proporcionados por el mismo ministerio en respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el diputado de Bildu Jon Iñarritu el pasado mes de diciembre.
De momento, desde el Ministerio del Interior español se están siguiendo punto por punto las medidas penitenciarias de prevención aplicadas hace una semana por el gobierno italiano, en cuyo territorio desde principios de marzo se han suspendido totalmente las visitas de amigos y familiares a todas las cárceles del país, hasta el próximo 22 de marzo, y también se han cancelado los permisos de salida de los internos para realizar actividades fuera de los centros penitenciarios, de momento, hasta dentro de dos semanas. Según un comunicado publicado el pasado 3 de marzo por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura italiano, estas medidas suponían “unas restricciones injustificadas a los derechos de las personas privadas de libertad”. Los recortes de derechos y libertades aplicadas a las personas presas por el gobierno de Conte provocaron motines en una cincuentena de prisiones italianas, especialmente visibles en la cárcel de San Vittore de Milán, donde una decena de presos se subieron al tejado con una pancarta pidiendo indulto, o en los centros penitenciarios de Palermo, Bari o Módena. En total, trece personas han perdido la vida durante las protestas en las cárceles, según las autoridades italianas, a causa de una “intoxicación por el consumo de sustancias” –en los próximos días se abrirán investigaciones para aclarar los motivos. En la prisión de Foggia, 370 internos lograron fugarse, de los cuales más de la mitad continúan libres hoy por hoy, y más de 1500 internos fueron trasladados en represalia por participar en los motines. Las personas presas y sus familiares denuncian que el virus se ha extendido entre la población reclusa, y que no se están realizando análisis ni aplicando los protocolos para controlar la enfermedad dentro de las cárceles, que precisamente se caracterizan en ese país es por la sobrepoblación (las cárceles estatales tienen capacidad para 50.950 persones, y actualmente hay en ellas 61.230 persones privadas de libertad).
Ayer el Ministerio de Interior del gobierno español aumentaba aún más las medidas de prevención, y decidía aislar por completo los 69 centros penitenciarios que dependen del Estado –excepto los de Cataluña que son competencia de la Generalitat catalana–, una medida que afecta a las cerca de 60.000 personas presas y a 23.000 funcionarixs. Esta decisión se tomaba, según el gobierno, tras detectarse dos casos de infección positivos del virus: el de una trabajadora del jardín de infancia de la prisión de Aranjuez (Madrid), que ha provocado que cinco presas estén en observación en una celda de aislamiento desde hace más de una semana, y el de una persona presa en el centro penitenciario de Zaballa (Álava), que tuvo contacto con un agente de la Ertzaina infectado durante un proceso de custodia, y que actualmente también se encuentra en aislamiento.
Así pues, desde ayer jueves, en las cárceles españolas se han prohibido todas las comunicaciones familiares e íntimas (mediante vis a vis), se ha limitado el acceso a los centros de dinamizadorxs de talleres, voluntarixs de ONG u observadorxs de derechos humanos, se ha reducido la actividad educativa y las salidas incluidas en los tratamientos de reinserción de las personas presas y se han limitado al mínimo indispensable –sólo bajo criterios médicos– los traslados entre centros. Se espera que estas medidas tengan una duración de catorce días y, como compensación, durante este periodo el departamento de interior ha asegurado que las personas presas podrán disfrutar de más llamadas telefónicas –15 a la semana, en lugar de 10–, una medida que desde los grupos de apoyo a personas presas, las familias y las entidades de defensa de los derechos humanos se considera “totalmente insuficiente”.
Ante estas restricciones que afectan a las libertades básicas de las personas presas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), con el apoyo de una docena de organizaciones en defensa de los derechos humanos, la salud y la abogacía, decidió presentar el pasado miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo, denunciando que las medidas penitenciarias impuestas desde el gobierno español “son muy similares” a las aplicadas en Italia, y pidiendo una implicación institucional firme “para que se respeten los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de libertad y sus familias” durante este proceso de emergencia sanitaria en todo el Estado.
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Alfonso Miguel Codón Belmonte
