Paremos la vulneración de derechos de las personas presas

Para garantizar una correcta recuperación física y mental, se considera que es imprescindible que las personas hospitalizadas con infección por coronavirus puedan notar el calor de las palabras de su red afectiva, de sus referentes, de aquellas a las que vamos a buscar cuando algo va mal. En general todas pueden tener su propio móvil, tienen un teléfono de pared en las habitaciones o se les facilita algún dispositivo, excepto en los casos más graves que requieren ingreso en la UCI.

Pero hay un sector totalmente invisibilizado y con mayor vulnerabilidad que tiene totalmente restringidas las comunicaciones. Es el caso del colectivo de personas presas, unas 40.000 en España, que desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma, ha sufrido un endurecimiento de las condiciones de reclusión. Además de ver cómo se hacía efectiva la prohibición de todas las actividades programadas y el incremento del distanciamiento social, así como la anulación de permisos de salida y el retraso en la aceptación del tercer grado, tampoco se pueden comunicar con sus familiares y allegados. A consecuencia de todas estas medidas se está agravando en muchos casos la ansiedad, depresión y el sufrimiento de las personas presas.

A pesar de las quejas del entorno sanitario para que se extienda este derecho esencial teniendo en cuenta el contexto actual, tratándose en muchos casos de hospitalizaciones prolongadas y conociendo que un aislamiento del entorno afectivo puede ocasionar un grave perjuicio para la salud, la Dirección General de Servicios Penitenciarios ha prohibido explícitamente la comunicación directa de las personas presas hospitalizadas por Covid-19 en el centro penitenciario hospitalario de Cataluña (ubicado en el Consorci Sanitari de Terrassa) con sus familiares y amistades y posiblemente la situación sea similar en el resto de comunidades.

Esta prohibición se extiende también a los espacios habilitados en las cárceles para aquellas personas presas con la infección por coronavirus que están asintomáticas y que, por lo tanto, no necesitan ser derivadas al centro hospitalario, pero que igualmente deben hacer un aislamiento mínimo de 14 días. Hay que precisar que las funcionarias de prisiones disponen del mismo equipo de protección individual requerido que el resto de las profesionales sanitarias que desarrollan su labor asistencial en la unidad penitenciaria. La utilizan para evitar el contagio cuando realizan tareas como la vigilancia o el acompañamiento durante el traslado del paciente infectado a realizarse una prueba de imagen. Así pues, es menos comprensible e indignante la negación de uso de un dispositivo móvil que se podría facilitar siguiendo las medidas de protección requeridas y que permitiría disfrutar a las personas presas de los mismos recursos de comunicación y opciones de recuperación que en el resto de personas enfermas en los que no recaen penas de privación de libertad.

Por todo lo expuesto y tomando conciencia de la excepcionalidad respecto a restricciones de derechos que viven diariamente las personas presas, no las dejaremos solas en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Teniendo en cuenta la vulneración del derecho a la salud y conociendo el potencial daño que se está generando con la implantación de esta medida injusta y discriminatoria, denunciamos esta prohibición y exigimos su inmediata revocación. Ante el miedo y la incertidumbre de estos días creemos en la solidaridad y los cuidados para traspasar los muros, tenemos todo el derecho a exigir que los derechos humanos sean garantizados para todas. La salud es un derecho universal y las instituciones tienen el deber de no perjudicarla y de velar por su recuperación sin establecer diferencias.

Firman este texto: Guerrilla dels Cossos, SAT: Solidaritat anti-repressiva Terrassa, Quart Creixent, Terrassa sense murs, Comité vaga feminista Terrassa, Entre totes, Rudes rebels, Arran Terrassa, CGT Terrassa, Marea blanca-Plataforma per la defensa de la salut pública Terrassa-, Punt Lila St. Pere, CGT sindical del Consorci Sanitari de Terrassa.

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Fuente: Pikara