La primera ley después de la dictadura, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), tenía que regular las condiciones de vida dentro unas cárceles que se vaciarían de presos y presas políticos, pero que seguirían llenas de los (mal) llamados «presos comunes o sociales» (como si la toxicomanía, el analfabetismo o la pobreza, en definitiva, no fueran cuestiones políticas). Entre otros aspectos del día a día, la LOGP establece que en cada prisión debe haber una escuela, ya que, por su naturaleza de derecho fundamental, no se podrá excluir del derecho a la educación a las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad.