Los compas de «Fuera del orden» han traducido del catalá el siguiente texto, escrito por Ester Fayos y publicado en la página de la Directa.
La agresión contra un interno de la prisión de Villena (Alto Vinalopó) por parte de tres funcionarios reabre el debate sobre el corporativismo por parte del funcionariado penitenciario y las dificultades a las que se enfrenta la población reclusa y sus familias para denunciar posibles vulneraciones de derechos. Los obstáculos van desde el miedo hasta las amenazas y la intensificación de las torturas para proteger los intereses, los privilegios y los discursos del funcionariado de prisiones.
El pasado 16 de agosto, la prensa se hizo eco de la presunta agresión de un preso con problemas de salud mental a tres funcionarios de la prisión de Villena (Alto Vinalopó) que, según denunció el sindicato «tu abandono me puede matar», acabaron en el hospital con «diversas lesiones en los ojos, la frente, los pómulos y el antebrazo». Las imágenes grabadas por las cámaras, reveladas unas semanas más tarde, mostraron una secuencia de los hechos completamente diferente: los funcionarios esperaban que el interno saliera de su celda para reducirlo, en menos de un minuto, con una cincuentena de porrazos y puñetazos ininterrumpidos, que continuaron cuando el preso se encontraba ya inmovilizado por los tres agresores, quien incluso le pisaron las piernas y el pecho. Después de dos minutos y medio, llegaron cuatro carceleros más, los golpes cesaron y el interno fue trasladado por el pasillo.
Nada más producirse la agresión y difundirse la versión de los agresores, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias inició una investigación y presentó una denuncia en el juzgado de guardia de Villena. Días más tarde, la subdirectora de la prisión, como responsable de las imágenes que graban los circuitos de seguridad, envió al juzgado el vídeo que desmontaba el relato oficial y, por tanto, obligaba a reconducir el expediente abierto a favor del interno. Entonces, comenzaron a perpetrarse una serie de amenazas contra la subdirectora para evitar su comparecencia. «Te quitaremos la vida por perra» o «Sabemos que tienes las imágenes, bórralas o atente a las consecuencias» fueron algunos de los mensajes que recibió por WhatsApp. Veinticuatro horas antes de declarar, las amenazas se intensificaron. La funcionaria fue atacada en la puerta de su domicilio por cinco o seis encapuchados. «Mañana, calladita», le advirtieron mientras tres de los agresores la sujetaban y otro le propinaba dos golpes fuertes en la cara. Lejos de asustarse, denunció la agresión y, al día siguiente, declaró contra los tres funcionarios de Villena, que han sido expedientados.
Pese a la existencia de pruebas audiovisuales y la gran repercusión mediática del caso, en un comunicado publicado en su perfil de Facebook, el sindicato «tu abandono me puede matar», considera que «el único objetivo» de la supuesta criminalización de los funcionarios es «evitar la movilización de las plantillas para pedir la justa equiparación salarial». Incluso, en las últimas semanas, a través del despacho de abogadas Sánchez Navarro -que también representa al sindicato Jupol de la Policía Nacional española-, han presentado una denuncia ante el juzgado penal y la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD) contra los medios de comunicación que emitieron el vídeo por un presunto delito de revelación de secretos y filtración de imágenes.
Se trata de un caso paradigmático que ha permitido reabrir el debate sobre el modus operandi del funcionariado carcelario a la hora de defender a capa y espada sus intereses, así como la tendencia a negar siempre presuntos episodios de tortura y maltrato en las cárceles. Imágenes tan violentas en el ámbito penitenciario no habían trascendido a la opinión pública hasta el momento. Sin embargo, para los grupos de apoyo a las presas y las organizaciones dedicadas a la defensa de sus derechos, no son un caso aislado. «Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quien lo sufre, y lo que también es muy preocupante son los obstáculos y dificultades para denunciarlo», remachan desde el grupo de apoyo a personas presas Tokata. La Coordinadora estatal para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, en catorce años, ha registrado un total de 9.085 víctimas de agresiones, torturas y malos tratos en España. Sin embargo, advierten que sus informes anuales sólo recogen las denuncias que «han llegado a nuestro conocimiento y hemos podido contrastar». Y es que en esta ocasión existían unas imágenes que corroboraban el testimonio del interno, pero, tal y como explica Alejandro Forero, doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política y miembro del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, la mayoría de episodios «ni se pueden denunciar ni se conocen».
