Siguiendo las huellas de la coordinación que el pasado 21 de noviembre caminó la lucha anticarcelaria, mañana jueves 27 de febrero se saldrá a la calle en al menos nueve ciudades para mostrar apoyo al colectivo de presas y presos en lucha, por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas y para denunciar la catástrofe sanitaria que viven las personas encarceladas.
En Santander se pondrá una mesa informativa en el Hospital Valdecilla al lado de la facultad de enfermería desde las 11.30h hasta las 13.30h.
También habrá concentraciones y/o mesas informativas en las facultades de medicina de Madrid, Valencia, Granada, Barcelona, Murcia, Girona, Tarragona y Lleida.
¡PRESXS ENFERMXS A LA CALLE!
¡LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA FUERZA!
ACTUALMENTE
EXISTE DESATENCIÓN SANITARIA
EN LAS CÁRCELES
ACABEMOS CON LA CATÁSTROFE SANITARIA EN PRISIÓN
“El acceso de las personas presas a la sanidad en España es precario; tienen una salud extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad”.
Tres organizaciones se han puesto de acuerdo para sostener estas comillas ante el Defensor del Pueblo. La Organización Médica Colegial (OMC), que agrupa a todos los Colegios Médicos de España, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA) le entregaron un informe en el que vierten durísimas críticas al sistema de atención sanitaria a los internos de las prisiones españolas, entre otras que : «la dependencia de los médicos al Ministerio de Interior hace difícil conjugar la normativa penitenciaria con el acto médico». El informe detalla las dificultades en el acceso a tratamientos de última generación, por ejemplo, de hepatitis C o las condiciones que padecen los internos con sufrimiento psíquico y diagnósticos psiquiátricos, colectivo con una falta de atención psicológica a su medida que supone el 8% de la población penitenciaria. Esto no impide, sin embargo, que los psicofármacos se utilicen como método de contención química.
SOBRE LAS PERSONAS PRESAS
Un 70% de las personas presas consideran que su salud es peor que cuando estaban en la calle. En este contexto, hay una alta sensación de vulnerabilidad y una falta total de confianza entre el médico y el paciente. Cuando se produce una muerte dentro de un centro de reclusión desde la autoridad penitenciaria se suele hablar de muertes naturales cuando no es así, pues, en prisión es normal que se empeore tu salud agravándose enfermedades que puedas tener o cogiendo otras nuevas. Muchos maltratos o abandonos sanitarios se contabilizan como “accidentes”. No olvidemos que en 2019, han muerto, que se sepa, 158 personas dentro de las cárceles en el estado. ¿Se puede justificar que nadie haga ni diga nada si un niño, niña o un adolescente se suicida porque en su colegio público le pegan sus maestros? ¿O si en un hospital muere o se suicida alguien por una práctica imprudente? En prisión, el riesgo de morir colgado de una soga, de sobredosis, desangrado, o por perder la cabeza está siempre presente. Hagámonos responsables entonces de esto y exijamos a la Administración Penitenciaria lo mismo que exigimos a otras administraciones públicas.
SOBRE LOS EQUIPOS MÉDICOS
“La falta de médicos y una sensación de abandono por parte de la Administracion, hacen que se vivan situaciones extremas que nos lanzan al abismo del intrusismo, de la ilegalidad y de una oscuridad intensa que no permite ver luz en el camino» Indican fuentes del Consejo General de Enfermería
Según el médico Gonzalo Tejerina, la práctica mayoritaria de los médicos penitenciarios está caracterizada por la desidia, la negligencia y la desatención. Hay presas/os que mueren por enfermedad a los 30 o 35 años y no por urgencias (infartos, etc.). Plantea que los médicos de prisiones cuando hay un presunto caso de maltrato deberían hacer un informe (“parte”) que le diera o no credibilidad. En la mayor parte de los casos esto no ocurre.
SOBRE LA CÁRCEL Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD
Lo cierto es que las condiciones en las que se desarrolla la atención sanitaria en las prisiones son muy particulares. Por un lado, los presos viven en un régimen cerrado, permanentemente vigilados y en un clima de escasez de ilusiones y abundancia de ansiedad, depresión y conflictos comunitarios. Por otro, los médicos se encuentran con el dilema de atender a una población muy afectada por patologías directamente relacionadas con la vida carcelaria, a la vez que dependen de las autoridades penitenciarias, lo que genera no pocas dificultades a la hora de actuar con libertad de criterio y de disponer de los recursos sanitarios necesarios. En este clima sofocante se hace imposible respetar los derechos del recluso-paciente, entre otros, el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las informaciones relacionadas con su salud, el derecho al consentimiento informado y a renunciar a un tratamiento, el derecho a unas condiciones básicas de salud y a una atención sanitaria aceptable, lo que supondría la implicación de los profesionales sanitarios en la mejora de toda una serie de factores que condicionan la salud de los reclusos: el tipo de alimentación que reciben, las condiciones de higiene y confort de las celdas (luz natural y artificial adecuadas, ventilación, temperatura, tamaño de los espacios…) y en general de las cárceles, la higiene personal y la limpieza y comodidad de las ropas que visten, las condiciones de higiene y seguridad en los trabajos que realicen, el ambiente social del centro, la eficacia de las medidas dirigidas a la reinserción social, los estilos de vida de los presos…Es necesario «aplicar medidas alternativas» a las penas de privación de libertad y, de manera especial, a aquellas de larga duración. Es imprescindible para el cuidado adecuado de la población reclusa que «de una vez por todas se aborde la transferencia de las competencias sanitarias en materia penitenciaria a la red pública de salud.