En las cárceles del Estado español se tortura, se maltrata y se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.
Esta afirmación ha sido constatada por diferentes instituciones a nivel estatal e internacional como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)1 , el Defensor del Pueblo -que en sus últimos informes alerta sobre los casos de suicidios dentro de la cárcel2- o las condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español.
Se trata de una realidad que está siendo documentada por distintos colectivos e individualidades que acompañan y visitan a personas presas con el objetivo de hacer de enlace entre instituciones privativas de libertad (cárceles, CIEs o comisarías) y la sociedad. Siempre que ellas quieran se denuncia cualquier situación de malos tratos y torturas: judicialmente, comunicándolo a las instituciones pertinentes o haciendo públicos sus casos.
Sin embargo, al mismo tiempo que la tortura dentro de espacios privativos de libertad está muy lejos de desaparecer, en los últimos años están creciendo las denuncias y querellas contra quienes defienden los derechos de las personas privadas de libertad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de Instituciones Penitenciarias y sindicatos de funcionarios de prisiones están tratando de acallar a quienes tratan de visibilizar las distintas realidades que sufren muchas personas bajo custodia.
Esta situación se cristaliza en ejemplos como los procedimientos judiciales penales contra Iñaki Rivera (Universitat de Barcelona y Director SIRECOVI y Observatori DDHH) y Lorena Ruiz (Asociación Libre Abogadas Madrid), quienes han recibido querellas por el mero hecho de denunciar públicamente que en el Estado español se producen torturas. De la misma manera que Idrissa Gueyé (presidente de la asociación de inmigrantes senegaleses de Aragón) que tras presentar un dossier con testimonios de víctimas de abusos policiales ha sido denunciado por injurias y calumnias. Además, 47 personas vascas, entre las que se encuentran familiares, abogadas y médicas, fueron condenadas el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional por prestar su apoyo a presos y presas vascos así como por denunciar situaciones de tortura dentro de prisión.
Creemos que estamos ante una serie de ataques frontales hacia la dignidad de las personas presas mediante un intento de silenciar y criminalizar las redes de solidaridad y de denuncia pública en casos de torturas y malos tratos en los centros de privación de libertad.
Sostenemos que los derechos humanos son algo intrínseco a todas las personas, sea cual sea su situación, y quienes firmamos este comunicado manifestamos nuestra firme decisión de continuar defendiéndolos.
No nos van a disuadir más querellas ni denuncias, con ellas no conseguirán que dejemos de visitar y acompañar a las personas bajo custodia. Siempre que ellas nos lo soliciten, seguiremos denunciando todas aquellas situaciones y conductas que ataquen y vulneren sus derechos humanos.
Por ello, queremos también mostrar nuestro total apoyo a las personas que en este momento están siendo sometidas a procesos judiciales por defender los derechos de personas presas.
Porque en las cárceles se tortura, se maltrata, se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.
COMUNICADO FIRMADO POR:
- AISA (Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón)
- ALAZ (Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza)
- ALTSASUKO GURASOK
- APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
- C.A.M.P.A. (Colectivo apoyo mujeres presas en Aragón)
- ETXERAT
- GRUPO DE DERECHOS CIVILES 15M ZARAGOZA
- IRÍDIA (Centre per la defensa dels Derts Humans)
- MARCHA CONTRA LA MACROCÁRCEL DE ZUERA
- OSPDH (Observatori del sistema penal i els Drets Humans)
- SALHAKETA NAFARROA (Asociación de Apoyo a personas presas, ex-presas y sus familiares)
- SARE HERRITARRA
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1. En el informe emitido en el año 2017 se puede leer que “en las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos en la comisaría de la Policía Nacional de la calle Leganitos, Madrid, la delegación del CPT encontró varios objetos tales como palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga”. El informe completo se encuentra disponible en este enlace.
2. Informe disponible en este enlace.
3. Una de las últimas condenas por parte del TEDH ha sido en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal. Información disponible en este enlace.
Fuente: Salhaketa Nafarroa