La cárcel no sirve para cubrir carencias de salud y sólo contribuye parcialmente a las políticas de seguridad al inocuizar temporalmente a enfermos, discapacitados, toxicómanos y alcohólicos.
Más del 70% del personal en prisiones se dedica a vigilancia y un escaso 6% a tareas sanitarias. Falta personal, equipamientos y presupuesto.
El personal sanitario es el que debería preservar estos derechos; aún más, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de sus pacientes.
Porque, que la población reclusa está enferma no lo niega nadie. Más de la mitad son toxicómanxs, otrxs tantxs tienen trastorno mental y en altos porcentajes padecen enfermedades crónicas tales como diabetes, insuficiencia crónica, epilepsia, asma… Además de enfermedades infecciosas y transmisibles como tuberculosis y VIH entre otras.
El 80% de lxs presxs consume psicofármacos y al menos el 40% drogas.
Más de 500 presxs se han suicidado desde el año 2000 y otrxs tantxs han muerto por sobredosis. Estas son las muertes mayoritarias y vienen a formar parte de las mal llamadas “muertes naturales”. Y, por supuesto, no entran en las estadísticas aquellxs que murieron en la calle al poco de salir en libertad por enfermedad grave.
Más que una política sanitaria lo que impera en la cárcel es una política de exterminio que se ejecuta con total impunidad. Los médicos se niegan a redactar los partes de lesiones cuando les golpean o les torturan. Sin olvidar la contención mecánica comúnmente conocida como camisa de fuerza, la cual forma parte del trato degradante de las torturas, dándose 7000 casos al año de modo regimental y provocando problemas médicos por opresión de los órganos o incluso un cuadro de hipoglucemia en el caso de una persona con diabetes.
En el caso de muerte o mejor dicho asesinato, los familiares se encuentran con ocultación de pruebas, informes falsos y grandes dificultades para que se realicen segundas autopsias.
Según los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario, existe una total violación del derecho que tienen los presxs de pasar sus últimos días de vida con los suyos.
El acceso de las personas presas a la sanidad en España es precario; tienen una salud extraordinariamente más quebrantada que las personas en libertad. El Estado no garantiza la salud de los presxs.
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