Hace unas semanas, el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Joaquín Antón Basanta, firmaba un escrito dirigido al Ministro de Sanidad, en el que le alertaba de las graves consecuencias, tanto sanitarias como de orden público, que traería un avance de la pandemia del coronavirus en las cárceles, paradigma de lugar cerrado y convivencia obligatoria, considerado por las autoridades de alto riesgo. Y es que, a la falta de personal sanitario y de medios materiales se une la problemática de la población penitenciaria, afectada por enfermedades crónicas, dependencias, drogadicción y enfermedades mentales en porcentajes escandalosos. Es decir, abandono sanitario que produce enfermos terminales y mentales, víctimas cantadas de la nueva pandemia, a lxs primerxs los mata, lxs segundos directamente se suicidan.
