Diez mil seres humanos privados de su libertad iniciaron una huelga de hambre masiva el 5 de diciembre de 2019 en reclamo frente a las condiciones de encierro. Desplegaron sus banderas en los pabellones, expresando las consignas y pedidos de una huelga histórica que se extendió de tal modo que alrededor de 35 unidades (mayormente del Servicio Penitenciario Bonaerense) se unieron parcial o totalmente al reclamo, además de algunas comisarías. También otros penales del país se sumaron a la lucha, como Bariloche, Roca, Viedma, Chaco y Mendoza. Inicialmente, el desgaste ejercido por la agresión penitenciaria hizo lo suyo, logrando que algunos penales levantaran la medida al poco tiempo. La convocatoria a una mesa de diálogo, después de poco más de dos semanas, paralizó la medida, logrando contenerla en los penales más reacios, bajo una promesa de reunión.
Para los representantes y mediadores que sostienen el Estado y sus cárceles, estas son solo palabras que sirven para normalizar y enfriar la situación. Mediante jugadas políticas su único interés está en detener los reclamos de la huelga, jamás revertir ni transformar la situación vivida día a día en los presidios. Por otro lado, con esta medida de los presos se concreta una mesa de diálogo en la que los reclamos al fin tienen eco. Esto es un paso ganado por la instancia de lucha. Las acciones de los reclusos espontáneas o coordinadas, con el apoyo externo de familiares, amigos y compañeros, son las únicas que históricamente han dado resultados en los reclamos y luchas dentro de las cárceles. Cuando los reclamos de los presos se vuelven visibles por la degradante cotidianidad interna vivida en los penales, al Estado y a sus representantes no les queda otra opción que simular respuestas democráticas a la altura de sus ficciones jurídicas.
Los reclamos por las condiciones de hacinamiento y tratos inhumanos ya son más que conocidos. A la escasez de alimentos, se suma el maltrato físico y psicológico que reciben los enfermos, la prácticamente nula atención médica y la falta de medicamentos o entregas fuera de fecha. Igual de grave, o más, es el encierro sufrido por mujeres embarazadas, madres y niños menores de cuatro años sin condena firme.
El reclamo clave en esta huelga histórica deriva de la deshumanización y la violencia que agrega la sobrepoblación: aproximadamente seis personas conviviendo en una celda preparada para dos; aunque los fríos números de tal crecimiento nunca serán suficientes para dimensionar las condiciones de miseria y decadencia en la que vivirán los detenidos hasta el fin de las cárceles. Son los propios sondeos del enemigo los que hablan de una emergencia humanitaria, sanitaria, judicial y edilicia.
Del otro lado de la reja, es cotidiana la persecución y el verdugueo que ejerce el servicio penitenciario, que adueñándose de la vida de los presos, se mete dentro de su carne, cual parásito, eliminando cualquier atisbo de intimidad que todo ser humano merece, manejando los espacios y los tiempos de acuerdo a sus pretensiones de poder y fortaleciendo continuamente los negociados internos con el narcotráfico.
Otro punto central de la demanda es contra la ejecución del proyecto del nuevo código penal instalado por el gobierno saliente, donde además de la baja en la edad de imputabilidad, se incluyen penas absurdas para quien participe en cortes de calle o enfrentamientos contra los perros del orden: ¡tres años por tirar una piedra en una marcha! Esa es su justicia, esa es su moral.
El fortalecimiento de la prisión preventiva se ve entrelazada con la modificación de la ley 24.660 hace algunos años atrás, en la cual la quita de beneficios (como salidas transitorias) responde a un intento de privatización, donde la necesidad empresarial era retener la mayor parte de la condena a los y las presas, absorbiéndoles hasta la última gota de sangre y vida en el trabajo esclavo dentro de las cárceles.
En diferentes entrevistas y declaraciones de presos en lucha se hace hincapié en la derogación de la “Ley Blumberg”, que aplicando la doctrina de la mano dura incrementó las penas a delitos menores, generando un efecto espejo en el incremento poblacional carcelario. El aumento punitivo de las sanciones y las reiteradas modificaciones a las leyes de beneficios son una constante a lo largo de diferentes contextos y gobiernos democráticos o dictatoriales.
La crisis generalizada que en estos momentos se visibiliza tras los barrotes está directamente relacionada con el contexto de crisis social y económica en Argentina, pero la existencia de dichos mecanismos de encierro y su rol social son antiguos, como también lo son la rebeldía y la solidaridad que florecen en la lucha cara a cara contra el enemigo, incluso en situaciones adversas y disímiles como las que se viven en las cárceles.
SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES
Fuente: La Oveja Negra