Hace unas semanas, el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Joaquín Antón Basanta, firmaba un escrito dirigido al Ministro de Sanidad, en el que le alertaba de las graves consecuencias, tanto sanitarias como de orden público, que traería un avance de la pandemia del coronavirus en las cárceles, paradigma de lugar cerrado y convivencia obligatoria, considerado por las autoridades de alto riesgo. Y es que, a la falta de personal sanitario y de medios materiales se une la problemática de la población penitenciaria, afectada por enfermedades crónicas, dependencias, drogadicción y enfermedades mentales en porcentajes escandalosos. Es decir, abandono sanitario que produce enfermos terminales y mentales, víctimas cantadas de la nueva pandemia, a lxs primerxs los mata, lxs segundos directamente se suicidan.
Sin embargo, la SESP deja la crítica para mejor momento y muestra una preocupación aséptica, centrada en la reclamación de material suficiente para que sanitarios y funcionarios hagan su trabajo con seguridad.
Por las mismas fechas, otro escrito, esta vez dirigido al Ministro del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) y firmado por el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia (APDHA), iba un poco más allá y a las medidas apuntadas añadían otras para “paliar” la incomunicación que el estado de alarma ha impuesto en las cárceles, tales como la gratuidad de las llamadas extras, las videollamadas y las comunicaciones a través de locutorio.
Lo más significativo del escrito es la petición de excarcelación inmediata de lxs que padecen enfermedades graves y de l@s de más de 70 años, así como de la población preventiva. Sin embargo, las medidas propuestas siguen dejando fuera, o mejor, dejan dentro a la mayor parte de las personas presas, las que sufren problemas de drogadicción y mentales.
Más acertadas son las demandas que reclaman las organizaciones de familiares y grupos de apoyo a presxs, que amplían los motivos para la excarcelación a mujeres embarazadas, extranjerxs y algunas ya recogen al colectivo mencionado.
Los motivos por los cuales tanta gente guarda silencio al respecto son variados. Están los económicos; mínima inversión, máximo beneficio. ¿Acaso podría Instituciones Penitenciarias permitirse excarcelar a sus más “fieles clientes”?¿Qué harían con tanto tratamiento, programa, equipos técnicos, asistentes sociales, educadores y demás “especialistas”? Si en lugar de un psiquiatra cada tropecientos mil presxs se hicieran estudios y diagnósticos serios a las personas tachadas de enfermas mentales, ¿qué resultados arrojarían?
Y están los motivos políticos y sociales. ¿Qué hacer con estas personas que vaciaron los psiquiátricos para llenar las cárceles? ¿Qué hacer cuando carecen de vínculos familiares y medios para sobrevivir por sí mismxs?
Problemas tan complejos no pueden seguir tapándose con parches, metadona, pastillas y represión.
En estos momentos de confinamiento, cuando desde los más diversos ámbitos se plantea una reflexión profunda sobre las causas que nos han traído hasta aquí, no estaría de más repensar para qué sirve la cárcel. Quizás llegáramos a una conclusión terrible. La cárcel es un fracaso de toda la sociedad, incapaz de dar respuestas y buscar soluciones para las personas más necesitadas y vulnerables.
Fuente: El Carro